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MARTES | 27 de mayo del 2008 | Guayaquil, Ecuador
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Profesionales en dos años de estudios
La capacidad y seguridad que brinda un profesional bien preparado es lo que el país necesita para desarrollarse.

No importa si el título profesional se lo alcanza en una universidad nacional o del exterior.

Quienes hemos tenido la suerte de educarnos en nuestras aulas ecuatorianas y recibir las enseñanzas de nuestros profesores, podemos decir que el sacrificio económico y familiar valió la pena. Cumplir con las obligaciones estudiantiles durante largos años de aprendizaje y someternos a las exigencias de la vida estudiantil: deberes, consultas, exámenes, tesis, seminarios, etcétera, nos releva de comentarios; sin embargo, miramos con preocupación cómo hay centros de educación, “universidades” ecuatorianas que se dedican a engañar a la ciudadanía ofertando “títulos profesionales” en dos años de estudio.

Bien hace el Conesup (Consejo Nacional de Educación Superior y Politécnica) en controlar los centros de educación, sobre todo superior, para evitar la mala calidad de la educación. Más aún, tiene la obligación de impedir el funcionamiento de centros educativos que dicen educar a sus alumnos los días sábados en la mañana para supuestamente revisar tareas o hacer reuniones sociales o deportivas; claro, cuentan con la complicidad de personas que buscan el facilismo o pretenden alcanzar un ascenso en las instituciones donde laboran, las mismas que se ven privadas de contar con profesionales de calidad.

Rodrigo Contero Peñafiel,
Quito
Mutualista Benalcázar
En la edición del domingo 18, bajo el título “Benalcázar y Atahualpa”, el columnista Emilio Palacio escribe acerca de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Sebastián de Benalcázar, y utiliza su espacio para hacer determinadas aseveraciones que, por su falsedad, paso a refutar del mismo modo que debo rechazar sus groseras alusiones que pretenden mancillar mi dignidad personal.

Señala el columnista que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda tiene una mala calificación y que, no obstante ello, se hará cargo de los negocios de la Mutualista Benalcázar, aserto este que lleva a advertir que él desconoce el significado de la calificación de BBB-, la misma que, de conformidad con la normativa vigente, corresponde a una institución financiera que goza de buen crédito y que, en el caso del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, esta característica se encuentra fortalecida con la fuerte base patrimonial que tiene esa entidad y que le puede permitir un crecimiento importante de su cartera, cumpliendo su objeto social específico de conceder crédito para vivienda de interés social.

Asevera falsamente el articulista Palacio que yo habría explicado que el problema de la Mutualista Benalcázar se originó porque la calificadora de riesgo le puso una nota exageradamente alta a su cliente, y que lo que está fallando no son las calificadoras, sino los controles de la Superintendencia.

En forma enfática y rotunda desmiento esta aseveración, pues no he dado, en momento alguno, la explicación que el prenombrado columnista me atribuye. Las razones por las cuales se adoptaron las medidas emergentes de resguardo del crédito y de los depósitos de la Mutualista Benalcázar, resueltas por la Junta Bancaria en el marco del artículo 170 de la Ley Mutualista Benalcázar, resueltas por la Junta Bancaria en el marco del artículo 170 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, obedecieron a la situación de insolvencia patrimonial en la que incurrió esa institución financiera, detectada precisamente a raíz de la profundización de los controles aplicados por la administración que conduzco, en contraste con la superficialidad de administraciones anteriores. Así, mientras el artículo 47 de la Ley citada exige un nivel de patrimonio de al menos un 9%, los ajustes ordenados por la Superintendencia determinaron que la Mutualista acuse un índice negativo del -5.86%.

El autor del artículo considera que la Superintendencia debió propiciar que la mutualista cambie de propietarios, premisa que revela su desconocimiento en la materia, ya que la estructura de capital de estas entidades determina que no tengan accionistas y que la necesidad de exigir un aumento de capital habría requerido de una convocatoria pública a los 78.000 asociados, así como a difundir la situación de insolvencia patrimonial de la mutualista, con lo que se habría producido el pánico entre los depositantes y la desestabilización del sistema, que la Superintendencia de Bancos y Seguros está llamada a evitar. Esta realidad actual, establecida por la autoridad de control, a la que se suma la obligación de velar permanentemente por el interés público, volvía inaplazable la medida resuelta por la Junta Bancaria.

Confunde el columnista Palacio la situación del Banco Centro Mundo con la situación de la Mutualista Benalcázar, precisamente por su desconocimiento sobre la forma en que se integra el capital de un banco que tiene accionistas, a los cuales se les puede exigir un aumento de capital dentro de un programa de regularización, respecto de la forma en que se integra el capital de una mutualista, y avala así la ignorancia doctoral de un ex superintendente cuya gestión le otorgó los méritos que le faltaban para que sea destituido en sus funciones y vuelto al oscuro anonimato del que nunca debió haber salido.

Las pretendidas ofensas de Palacio no me llegan, pues carece de autoridad moral para darme lecciones de lealtad; y si nuevamente pretende mancillar mi dignidad de mujer, como ha tratado de hacerlo utilizando su tribuna periodística, solamente confirmará su falta de hombría de bien. De mi parte, doy por cerrado este incidente ingrato.

Gloria Sabando García,
ingeniera, superintendenta de Bancos y Seguros del Ecuador, Quito
Calvario para obtener título

Cada vez es más la competencia entre universidades y centros de estudios superiores que ofrecen una serie de carreras, muchas hasta nuevas o llamativas, y dan información mediante publicaciones en periódicos y propagandas por televisión, radio, internet, etcétera.

En el país hay una gran cantidad de universidades que cobran nada barato los estudios. Y una vez que el alumno se inscribe, matricula y comienza a estudiar, los gastos son imparables hasta que pasan los años y llega el día de la famosa tesis, y los pagos por diferentes conceptos o rubros. Y ya hecha la investigación, redactada o elaborada de acuerdo a las indicaciones de quien dirige la tesis, comienza el calvario de la lentitud que se toma el profesor para leer y volver a revisar el contenido del texto.

El alumno debe andar atrás, casi cazándolo, día, tarde y noche, por el correo electrónico, llamadas telefónicas y visitas sorpresa a su maestro para averiguar qué le pareció el trabajo; y este le contesta que no ha tenido tiempo ni de abrir la tesis para chequearla. Pasan dos, tres meses, medio año; y, cuando al fin la lee, el profesor le vuelve a decir al alumno que mejor ponga la parte final de encabezamiento y que lo que le mandó a investigar ya no suena bonito, y mejor empiece a indagar sobre otra cuestión totalmente diferente a lo que le había encomendado al principio; es decir, que rehaga la tesis.

Y si el alumno intenta quejarse o denunciar al rectorado o decanato, no tendrá éxito porque entre profesores se solapan. Claro, mientras más pasan los meses, más cobran al alumno por el tiempo de dirigir la tesis. Además, hay la errada idea de que el profesor que dirige rápido una tesis, máximo en tres meses, es “mediocre” o se deja “manejar” por sus alumnos.

Este es el sistema educativo de nuestro país. Finalmente, cuando con la venia del profesor la tesis es impresa y sustentada, y por supuesto pagado todo, al estudiante le dicen que pronto le informarán la fecha de la ceremonia de incorporación. Ahí viene otra tortura, porque se cansará de esperar que lo llamen. Pasará otro mes, y en muchos casos que conozco hasta un año y medio, y al alumno le seguirán diciendo que no pueden darle el título profesional porque hay otros alumnos que no han terminado de pagar, y que mientras no haya un cupo de más de 15 personas para hacer la ceremonia de incorporación, no podrán hacer nada.

¿Por qué las autoridades de educación no hacen una investigación a todas las universidades y les caen de sorpresa para comprobar esta corrupción?
Los asambleístas, en vez de gastar el tiempo en leyes o mandatos para que todo hombre satisfaga sexualmente a la mujer, sino esta lo podrá encarcelar; o querer la soberanía del cuerpo, es decir, libertad para matar a su propio hijo o abortar; o querer poner por cóndor al gato Doraemon en el escudo del Ecuador, ¿por qué no hacen leyes a favor de la educación y terminan con burocracias y mafias que hacen de la educación un negocio, y penalizan abusos como este, que impiden que un alumno que ya hizo y presentó su tesis, la cual fue aprobada, no pueda obtener su título profesional, que le corresponde por derecho, ni conseguir empleo o, si ya lo tiene, alcanzar un ascenso en su trabajo porque le falta el dichoso cartón que lo acredite como profesional de la República del Ecuador?

Anny de López,
ama de casa, Guayaquil
  
Ingresamos a la Universidad Jefferson en el año 2004 a estudiar Diseño Industrial. Al culminar nuestros estudios se suponía que debíamos recibir el correspondiente título, lo cual no va a ser posible puesto que la indicada universidad tiene problemas con el Conesup (Consejo Nacional de Educación Superior y Politécnica) y este no reconoce nuestros estudios.
Se nos ha dicho que nuestro serio problema está en vías de solución, pero a pesar del tiempo transcurrido nada ha ocurrido, ya que ni la Universidad Jefferson ni el Conesup nos han solucionado tan grande daño económico y moral. ¿A quién recurrimos?

María René Ulloa Martínez,
Betty Alexandra Chong Wong,
Guayaquil

Nos han dejado sin trabajo

Señor Presidente, quien escribe la presente votó por usted tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, convencido de que nos daría el cambio hacia una mejor vida para todos los ecuatorianos.

Me equivoqué. Usted ha cambiado mi vida y la de muchos ecuatorianos de la clase media; gracias al cambio, pasamos de la clase media a por debajo de la clase baja. Nunca imaginé que el cambio sería para empeorar mi vida.

Hasta hace poco laboraba en una empresa láctea. Hay muchas compañías de este tipo, pero son contadas las serias. Gracias a su brillante decisión, o la de sus asesores, usted obliga a las empresas a vender a 65 centavos el litro de leche en funda en Guayaquil.

En los actuales momentos estamos viviendo una crisis mundial por muchos factores (calentamiento global, producción de etanol, precios del crudo y alto consumo de mercados chino e indio), sin embargo, indica que al productor de leche se le debe cancelar 35 centavos el litro, lo cual me parece justo.

 Las empresas en su mayoría están en la Sierra, por lo que tienen que transportar el producto a la Costa, eso cuesta 4 centavos por litro. Los distribuidores del producto, quienes somos los que hacemos la gestión comercial, ganamos 10 centavos. El tendero, quien entrega el producto al consumidor final, gana 10 centavos. Si a esto sumamos el costo del plástico, que es de 3 centavos, casi nos da un total de 62 centavos. No estoy considerando los costos de producción ni la utilidad que debe ganar el empresario, ya que considero que aún estamos en un país capitalista.

Este negocio no le conviene a nadie. Entonces, ¿qué han hecho los empresarios serios?, no producir el producto en funda, despedir personal; y están en su derecho, porque nadie va a invertir para perder. Gracias a esta magnífica decisión, muchos ecuatorianos estamos desempleados. Los empresarios, sin embargo, se dedican a exportar. Es conocido  que en Venezuela están pidiendo este producto a gritos y, obviamente, están pagando bien. No quiero pensar, Presidente, que usted o sus asesores están trabajando para el bienestar de Venezuela, sin importar lo que les pasa a los ecuatorianos.

No soy empresario. Soy un hombre desempleado y desesperado porque no sé cómo alimentar a mis hijos ni pagar mis deudas. Entiendo las lágrimas de los mineros, quienes deben esperar seis meses para volver a trabajar y dar de comer a sus familias, gracias a que el desempleo ya es de todos. 
A pesar de todo, considero que usted es un hombre inteligente, pero desgraciadamente se ha rodeado de gente que nos está llevando a la tumba a todos. Por favor, economista Correa, aún está a tiempo de corregir.

Andrés Nicolás Castro Jama,
Guayaquil

Suprimir la intermediación laboral, en la que “empresas” cobraban comisiones sobre el salario de trabajadores (una inmoralidad), fue acertado. Pero por razones morales, valió la pena.

Lo que sí fue una falla es haber suprimido la tercerización que generaba empleo. Duele ver cómo crece la cantidad de personas mendigando en las calles y cómo proliferan las que ofrecen servicios de plomería, pintura y más, con sus letreritos. El Gobierno debe dejar la campaña y ocuparse de que se cumplan las leyes laborales en las empresas, en generar empleo invitando a producir riquezas con reglas claras y seguras, y combatiendo la delincuencia.

José Gómez,
Guayaquil

Graduados y desempleados
Pertenezco a la generación que creyó y cree que el desarrollo del país depende en alto grado de la ciencia, la investigación, la innovación, la tecnología; por lo que casi todo nuestro tiempo, muchos de nosotros lo pasamos en nuestra formación con miras a una profesión y especialización, a consecución de becas para maestrías y pasantías en el exterior, es decir, al desarrollo personal, conocimiento y transformación.

Con mayor énfasis, adiestramos a nuestros hijos para que tengan una perspectiva similar o mejor; obviamente ellos nos sobrepasan por su dominio de las tecnologías y los idiomas. Creímos orientarlos a profesiones poco ortodoxas en universidades acreditadas y aprovecharon con éxito, pero ya una vez profesionales se han quedado (y nosotros con ellos) aterrados al constatar las nulas oportunidades de trabajo.

Hemos tocado puertas de amigos porque entendemos que Ecuador aún no está preparado para el imperio de la meritocracia (tan nombrada en los últimos meses), pues la búsqueda de empleo se la hace por los típicos “palanqueos”. También hemos buscado por internet, diarios, y todo es infructuoso.

La idea puede ser que nuestros hijos sigan estudiando niveles superiores (maestrías, diplomados) dentro o fuera del país, pero para ello necesitan un aval institucional y, sobre todo, dinero para que se autosostengan.
Nadie más que nosotros para creer en este Gobierno y aprobar los pasos que da, pero las políticas de empleo para jóvenes profesionales no sé en qué manos están. Una bolsa de trabajo consistente no veo por ningún lado.

Es evidente que hay situaciones de mayor prioridad (conflicto colombiano, etcétera), pero con todo eso hay que avanzar. En este sentido y pensando en el “proyecto de retorno” de los migrantes, no sería nada justo que nuestros jóvenes deban irse a trabajar a otros países para vender su fuerza física y olvidarse de ser intelectuales. Entonces, Ministro de Trabajo, empleadores de empresas públicas y privadas, y demás autoridades, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes profesionales sin trabajo? Por ejemplo, la carrera de Orientación Familiar fue creada para remediar en algo los conflictos intrafamiliares y malos tratos contra menores por ausencia de padres a causa de la migración; los biólogos medioambientalistas deberían ser llamados para proponer soluciones a los conflictos del calentamiento global, del mal manejo de desechos sólidos, de la calidad de agua, estudios de impacto ambiental; pero, ¿quiénes los demandan? ¿Y qué decimos de los arquitectos, abogados, sociólogos...? Me resisto a creer que para ejercer una profesión debamos sujetarnos a la suerte o al ofrecimiento de coimas y otras formas de corrupción. No quiero ser como tantos que se lanzan a la calle a engrosar la procesión de los indignados e inconformes por la incertidumbre social. Prefiero mantener la esperanza.

Haydée Martínez Moreno,
Guayaquil
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Consultas

En el dispensario  de la coop. Pedregal,  mz. F, solar 2, en el Guasmo central (junto a Aprosac), se realizarán exámenes gratuitos de osteoporosis el 31 de mayo, de 08:30 a 13:00. El valor de la consulta es $ 3. Informes al 250-2092.
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