El Gobierno nacional se ha embarcado en un proceso acelerado y agresivo de anclar nuestra política exterior alrededor de la persona del presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Este es un error de nefastas consecuencias. La política exterior de un Estado moderno no puede quedar atada a la personal antipatía que un Jefe de Estado tenga por otro o quedar encaminada a su desprestigio interno o externo.

Uno de los más sentidos efectos del conflicto de 1941 con el Perú fue la absorción, casi total, de nuestra política exterior por dicho evento. Nuestra diplomacia y, en general, nuestro quehacer internacional tenía que moverse siempre teniendo en consideración cómo y en qué medida cualquier decisión iba o podía afectar nuestra tesis con respecto a dicho conflicto. Claro que hubo áreas y momentos en las que dicha vinculación no fue tan intensa, pero el asunto del Perú siempre estuvo allí presente.

Pero a pesar de los errores que esta actitud pudo haber tenido hubo en ella razones de enorme peso histórico que la justificaron. Razones que no existen hoy con respecto a Colombia. La soberanía del país fue violada, nuestro territorio ocupado, extensas zonas geográficas perdidas, un ejército derrotado, un pueblo humillado. Que nuestra política exterior haya quedado por tantos años absorbida por el conflicto con nuestro vecino del Sur fue más que entendible.

La invocación de la soberanía como argumento eje por parte del actual gobierno a raíz de la incursión del 1 de marzo no guarda ni la más remota similitud con lo sucedido con el Perú. Para comenzar hoy asistimos a una simple manipulación argumentativa del concepto de soberanía. El vergonzoso silencio oficial que se sintió hace poco frente a la intromisión de Chávez en asuntos exclusivamente internos del Ecuador, acusando a la ciudad de Guayaquil de secesionismo, dejó en claro que para el Gobierno la soberanía se defiende dependiendo de quién es el agresor.

Si el argumento de la soberanía no tiene consistencia, cuál es entonces el interés del Gobierno de arrastrar al Ecuador a posiciones extremas hasta el punto de que estamos desembocando en la paradoja de que nuestra política exterior quede prácticamente secuestrada precisamente por el propio Uribe?

Es un asunto que tiene el más alto interés si se repasa el giro que el país ha tenido a raíz del 1 de marzo. Es como si hubiesen existido dos Ecuador, uno antes y otro después de dicha fecha. En estos pocos meses hemos ratificado tratados para poder demandar a Colombia; las Fuerzas Armadas han sido calificadas de “traidoras” a su patria; hemos puesto en duda la imparcialidad de la Interpol; hemos ayudado para que tres personas  íntimamente vinculadas con el narcoterrorismo internacional puedan obtener refugio en un tercer país comprometiendo nuestra imagen para siempre; nos embarcamos en una gira por Europa que terminó en un fiasco y que sirvió únicamente para demostrar que no despertamos muchas simpatías por acá, y ahora nos proponemos enjuiciar penalmente al jefe de un Estado extranjero.

¿No habrá llegado el momento de detener esta vorágine?