Los textos de la mesa 7 plantean que se declara a la banca como “servicio de interés social”.

Dentro del capítulo que se refiere a la denominada “Soberanía Económica”, el bloque de Acuerdo PAIS incluyó un apartado referido, exclusivamente, al sistema financiero; tales principios no constan en la Carta Magna vigente.

Según la propuesta, que será debatida y aprobada por la mesa 7 de Régimen de Desarrollo hasta el miércoles, “las actividades financieras son un servicio de interés público”, cuya finalidad es atender los requerimientos de financiamiento “para conseguir los objetivos del régimen de desarrollo”.

Norman Wray (PAIS) explica que, por la naturaleza del negocio, la actividad bancaria es pública. Al incluir este principio en la Constitución, refiere, el Estado adquirirá mayor fortaleza para regularla.

Tales regulaciones incluyen, por ejemplo, la fijación de tasas de interés y controles más estrictos en la creación de instituciones financieras.

Las tasas se determinan, actualmente, según fórmulas establecidas por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Según el texto, el Estado fomentará el acceso a los servicios financieros, la democratización del crédito y la canalización del ahorro interno a la inversión productiva.

Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) dice que le ha pedido a sus abogados que le expliquen qué implicación legal tiene declarar a la banca como un “servicio de interés público”.

A su criterio, lo que es un bien público es la confianza y la seguridad de los depositantes, por lo que el Estado tiene la obligación de precautelarlas.

En el proyecto, los asambleístas de PAIS plantean la prohibición de que las entidades o grupos financieros sean propietarios o estén vinculados con los medios de comunicación social, aunque Wray sostiene que aún está en debate.

Esa disposición no concuerda con los textos sobre los derechos de la comunicación elaborados por la mesa 1 de Derechos Fundamentales.

Dicha Comisión había considerado también incluir esa prohibición pero la descartó argumentando que todos los ecuatorianos tienen derecho a acceder al espectro radioeléctrico (por donde fluyen las ondas de radio y televisión).

La propuesta indica que el sistema financiero estará compuesto por todas las entidades públicas, privadas y aquellas de tipo popular o solidario que ofrecen servicios financieros.

Lucio Paredes explica que en este último grupo están, por ejemplo, las cooperativas y las cajas rurales.

El asambleísta piensa que todas las entidades que hacen intermediación financiera con el público (o sea, que captan dinero u ofrecen créditos) deben estar bajo el control de la Superintendencia que, en adelante, debe llamarse “de Instituciones Financieras”.

Actualmente, una parte de las cooperativas son controladas por el Ministerio de Bienestar Social, y otra por la Superintendencia de Bancos.

Estratégicos
La propuesta considera como sectores estratégicos y de control exclusivo del Estado a la energía, las telecomunicaciones, las vías de comunicación, la extracción y gestión de recursos no renovables, el agua y la biodiversidad.

Moneda
El texto no establece una moneda específica.