Delegación ecuatoriana viajará a La Haya mañana por audiencia, en juicio contra Colombia.

El Gobierno aspira a que los plazos dentro del juicio instaurado por el Ecuador a Colombia en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por las fumigaciones sean lo más cortos posibles.

Ese fue el pedido del presidente de la República, Rafael Correa, al equipo jurídico en una reunión mantenida semanas atrás en Carondelet.

La canciller María Isabel Salvador dijo que la propuesta del país ante la Corte es que la fase de la entrega de las memorias con las pruebas correspondientes se realice en el menor tiempo para no alargar el proceso.

Con esa premisa viajará mañana a La Haya la delegación ecuatoriana, conformada por el agente de Ecuador, el embajador Diego Cordovez, el abogado local, Íñigo Salvador, y el abogado estadounidense Paúl Reichler.
Este 29 de mayo habrá una audiencia con la presidenta de la Corte, Judge Rosalyn Higgins, de Reino Unido.

En la cita se conocerán los puntos de vista de las partes por el procedimiento judicial. Se confirmó la asistencia del agente colombiano, nombrado recientemente, Julio Londoño.

Íñigo Salvador dijo que la reunión será sencilla y se establecerá el cronograma de los siguientes pasos procesales, pero advirtió que los tiempos los decide la Corte de acuerdo a las propuestas de los dos países.

 “En un tribunal internacional, las cosas se toman con calma. Los tiempos pueden fluctuar entre nueve meses a un año, tanto para la entrega de la memoria ecuatoriana como para la contramemoria colombiana”, agregó.

Él anunció que luego de la audiencia se realizará una reunión entre el equipo jurídico con los asesores europeos Pierre-Marie Dupuy, Alan Boyle, Philippe Sand, para definir las labores de cada miembro con sus respectivos tiempos.

“Ya tenemos el sustento de las pruebas, pero tenemos que ponernos a trabajar más concretamente. La memoria la entregaremos al final del plazo definido en La Haya. Ahí también hablaremos de los plazos de los siguientes pasos procesales como son las audiencias orales”, dijo.

El objetivo de Ecuador es que la Corte declare que Colombia, a través de las aspersiones, ha violado sus obligaciones del Derecho Internacional, que se le prohíba seguir fumigando en la zona de frontera, y por último que indemnice por los daños causados.

La Corte Internacional de Justicia puede establecer plazos adicionales para la contestación del Ecuador a la memoria colombiana y la respuesta de Colombia a la réplica ecuatoriana.

 En relación a los costos, la Cancillería ecuatoriana no ha establecido un monto, pero se advierten elevados por el pago de abogados, la realización de estudios científicos, y la recolección de pruebas que sustenten la demanda ecuatoriana.