La Asamblea Nacional Constituyente ha expandido considerablemente los derechos que tendremos los ecuatorianos. Más allá de  temas que han merecido atención y curiosidad pública, ha expandido considerablemente derechos al trabajo, a la seguridad alimentaria, a la cultura, combate toda forma de discriminación, incluye el derecho a licencia por paternidad, alejándonos de esa estrafalaria institución que era la calamidad doméstica.

Los ejemplos de nuevos derechos individuales y colectivos, civiles, económicos, sociales y ambientales abundan. Será en ese sentido una de las constituciones más completas en lo que hace a derechos de los ciudadanos en el mundo.

Quisiera sin ánimo de cuestionar  la idea de nuevos derechos, algunos muy necesarios, compartir con mis lectores unas cuantas dudas.

¿La primera es si hay o no una noción de equidad implícita en esos derechos? Si los derechos son desarrollados con la finalidad de compensar a algunos sectores, carenciados por algún atributo propio, adquirido o asignado, es indudable que tendrán en el mejor de los casos un carácter transitorio. Otra cosa es si son derechos generales de los que no  se excluyen los ecuatorianos por ninguna razón y hay un esfuerzo especial para cerrar la brecha. Esto requiere a  mi juicio cierta idea de graduación, es decir, después de cierto nivel se deja de ser sujeto de apoyos específicos.

Un segundo comentario tiene que ver con visualizar algunos derechos, lo que permite volverlos exigibles. El derecho a la vivienda es una buena referencia. Si se afirma que todo ecuatoriano tiene derecho a una vivienda digna y con servicios básicos, de qué estamos hablando: de una de 36 m², de 45 m² o de 100 m². Qué servicios debe tener: agua potable, entubada, conexión domiciliaria o comunal. Es mejor que visualicemos esto, pues permitirá tener un horizonte de políticas públicas y un nivel de exigibilidad realista.

Un tercer comentario tiene que ver con la equivalencia entre derechos y obligaciones de los y las ciudadanas. ¿Es que nuestras obligaciones se limitan a pagar impuestos y votar en elecciones nacionales o seccionales?
Me da la impresión de  que no hay un incremento de obligaciones en cantidad y calidad equiparables con la de los derechos. ¿No sería necesario afirmar la obligación constitucional de los y las ecuatorianas de enviar los niños a las escuelas y a los centros de salud, a pagar sus obligaciones crediticias, a honrar sus compromisos de trabajo, a participar en la vida comunitaria? La idea básica es que no debe haber derechos sin responsabilidades de los ciudadanos como decía Anthony Giddens, si queremos que los ciudadanos sean no solo parte del problema, sino de la solución. Si el Estado garantiza el derecho a la educación, la madre y padre de familia deben asumir la obligación de enviar a ese niño al servicio escolar o si no ser penalizados por no hacerlo.

Esta última reflexión que intuí de una conversación con un buen amigo, en última instancia me parece fundamental, pues caso contrario se corre el riesgo de producir una fractura insalvable en la sociedad ecuatoriana: entre quienes son titulares de múltiples derechos y pocas obligaciones y quienes acceden solo parcialmente a ciertos derechos, pero sobre quienes recaen algunas de las obligaciones centrales, como las de pagar impuestos. Peor aún, podría generar una categoría social más o menos permanente, cuya capacidad de satisfacer derechos es la de recibir apoyos públicos, pero incapaz de levantarse por sí misma de su situación.