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DOMINGO | 25 de mayo del 2008 | Guayaquil, Ecuador
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Emilio Palacio | epalacio@eluniverso.com
‘El Gran Hermano’
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Pilar Núñez es el cerebro gris de la mayoría gobiernista en materia de libertad de expresión y comunicación. Ella promueve un capítulo en la nueva Constitución que parece copiado de ‘El Gran Hermano’. Dice Núñez que la comunicación es un bien público, como en la “casa de vidrio”, donde la comunicación tampoco era privada. Conversaciones, gritos, besos, abrazos, todo era público, y a los chicos se los “premiaba” o “castigaba”, de acuerdo con lo que decían o dejaban de decir. Nuestras opiniones, conversaciones, críticas y quejas tampoco serán nuestras en el nuevo Ecuador: como son un “bien público”, el Estado podrá conocerlas al derecho y al revés.

Núñez cree, asimismo, que el Estado debe controlar los contenidos de la comunicación. Abdalá Bucaram sostenía lo mismo. Como Alcalde de Guayaquil prohibió la película La luna, de Bernardo Bertolucci, por su alto contenido erótico. Seguramente Alianza PAIS tiene su propia lista de películas, novelas y reportajes que no quiere que se difundan.

La asambleísta del Gobierno propone además que solo se publique información que haya sido verificada. Con ese criterio, si El País de España informa que el Presidente del Ecuador tildó de “idiota” a un emigrante, los medios nacionales no podrán difundirlo mientras no lo verifiquen. Tampoco se podrá contar que la asambleísta María Augusta Calle fue acusada de mantener vínculos con las FARC, ya que así como van las cosas nadie podrá verificarlo so pena de ser calificado de traidor.

Núñez propone que el Gobierno dicte políticas de comunicación. Cuando leí semejante barbaridad me acordé de la masacre en la Farmacia Fybeca. En ese tiempo, varios sectores nos acusaron a los periodistas de desprestigiar a la Policía. Solo hará falta que algún Gobierno dicte como política de comunicación que no se puede desprestigiar a la fuerza pública para que no nos volvamos a enterar de crímenes como ese.

Por último, la señora asambleísta quiere que el Estado suprima los medios de comunicación que no ajusten sus contenidos a las políticas de Estado, de tal manera que cabe preguntarse si el Ecuador será el único país de América, junto con Cuba, que comience a controlar internet, donde reina el más absoluto descontrol.

En una sociedad democrática ocurre exactamente al revés. La comunicación NO  es un bien común sino de los individuos, y ellos deciden hasta dónde la extienden a los demás. La única comunicación que sí es pública, de manera obligatoria, o debería serlo, es la comunicación del Estado, porque sus instituciones nos pertenecen a todos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, de qué habló Gustavo Larrea con Raúl Reyes. Pero por lo visto ese no es un “bien público”. Lo guardan bajo siete llaves.

En cambio, dos o tres veces al día se transmite una cuña de radio del Gobierno que nos “comunica” la mentira de que ya se está construyendo el quinto puente sobre el río Guayas (¿dónde?, ¿a cargo de qué empresa?)  y otra que insinúa que desde que se acabaron las tercerizadoras, la evasión al IESS es cosa del pasado (?).

Y ya sabemos que en Guayas la campaña de comunicación por el “sí” a todas estas maravillosas propuestas estará a cargo del Gobernador de la provincia, es decir del Estado, con recursos de los contribuyentes.
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