Desde siempre, Brasil ha clavado la vista nerviosamente en mapas del vasto territorio de la selva amazónica.
En los 60 y 70, los generales consideraban la colonización de la amazonia brasileña como una prioridad de seguridad nacional. “Ocupar para não entregar” —ocuparla para no cederla— era la consigna. Se construyeron carreteras y se ofrecieron incentivos a los brasileños para que conquistaran la tierra y la transformaran en nombre del desarrollo. Había más detrás del nerviosismo que una vana teoría de conspiración.
Hoy en día, con el mundo concentrado en las promesas de biodiversidad y los peligros del calentamiento global, un coro de líderes internacionales ha declarado cada vez más abiertamente a la selva amazónica parte de un patrimonio mucho más grande que el de las naciones que comparten su territorio. “Contrario a lo que creen los brasileños, el Amazonas no es de su propiedad, nos pertenece a todos nosotros”, expresó, en 1989, el entonces senador Al Gore.
Tales comentarios no son tomados a la ligera en Brasil. Han vuelto a encender las antiguas actitudes de proteccionismo territorial y el estado de alerta para detectar invasores extranjeros encubiertos.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva promueve una ley que restringiría el acceso a la selva tropical, exigiendo a extranjeros y brasileños por igual que obtengan un permiso especial para ingresar a ella.
Funcionarios afirman que la ley separaría a las organizaciones no gubernamentales malas de las buenas, y disuadiría a los llamados “biopiratas”, que quieren patentar sustancias únicas descubiertas en el bosque.
Muchos expertos en el Amazonas dicen que las restricciones propuestas chocan con los propios esfuerzos de Da Silva por darle a Brasil una mayor voz en las conversaciones sobre cambio climático, un reconocimiento implícito de que la selva amazónica es crítica para el mundo en general. Además, sus detractores se han valido de un reporte de enero sobre un aumento abrupto en la deforestación, como prueba de que el Gobierno no ha salvaguardado bien la región.
Marina Silva, férrea defensora de la preservación de la selva tropical, renunció como ministra del Medio Ambiente de Da Silva después de perder una serie de batallas políticas con el Presidente respecto a programas de desarrollo.
En un contexto global, las restricciones reflejan un mayor debate sobre los derechos de soberanía frente al patrimonio mundial. Compañías internacionales, por ejemplo, compiten contra naciones para reclamar y desarrollar recursos en territorio virgen en el Ártico, a medida que el derretimiento del hielo revela depósitos petroleros y minerales potencialmente vastos. También hay una disputa respecto a quién tiene derecho de otorgar acceso a científicos y ambientalistas internacionales que buscan proteger tales áreas, y a compañías que buscan explotarlas.
Es una batalla frente a dos tendencias en conflicto: la creciente demanda de recursos energéticos y la preocupación cada vez mayor por el cambio climático y la contaminación.
En Brasil, que alberga el 60% del Amazonas, este debate está formulado en términos reconocibles del pasado: la sospecha de que el verdadero objetivo de los extranjeros es tomar el control de la selva brasileña.
A los defensores les preocupa que las restricciones amazónicas desalentarán a la ciencia, perjudicarán al ecoturismo y protegerán a Brasil del escrutinio. “Al Gobierno no le interesa que más personas vayan al Amazonas a enfrentar la incompetencia que éste ha mostrado para desacelerar la deforestación”, dijo Marcelo Furtado, director de campañas para Greenpeace Brasil.
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