Sábado 24 de mayo del 2008 Economía

En el 2009, números de celulares serán propios

MONTECRISTI, MANABÍ

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MONTECRISTI, Manabí. Asambleístas, asesores y personal médico de Ciudad Alfaro se acercaron a Rafael Esteves (ex SP) para atenderlo luego de un desmayo.

La Asamblea Constituyente aprobó ayer el mandato 10, por el cual los usuarios de teléfonos celulares se convertirán en dueños de sus números.

Los asambleístas confirieron al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 120 días improrrogables para desarrollar el reglamento de aplicación del mandato.

La portabilidad, que se aprobó con 72 votos, se hará efectiva plenamente hasta febrero del 2009. 

La vigencia del mandato de la portabilidad numérica aprobado ayer por la Asamblea Constituyente quedó en suspenso por la reconsideración que planteó el asambleísta Rafael Esteves (ex SP), quien sufrió un desmayo. El documento recibió 72 votos de respaldo.

Por el desvanecimiento que sufrió Esteves, el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), declaró en suspenso la sesión, aclarando que en la próxima reunión de pleno votarán solo los asambleístas que estuvieron presentes. Ello, tomando en cuenta que el tablero electrónico de la Constituyente, registra con seguridad los nombres de los asistentes.

El mandato, en sus tres artículos, una disposición transitoria y una final, dispone que los abonados de los servicios de telecomunicaciones móviles tienen derecho a mantener su número telefónico móvil, aun cuando cambie de red, servicio o de empresa operadora.

Durante el debate del tema, los asambleístas resaltaron las ventajas del mandato, pues permitirá a los usuarios cambiarse de operadora sin perder el número del teléfono. Esto, a su vez, permitirá conocer el número de usuarios que tiene cada operadora, cuyo criterio fue respaldado por el presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jaime Guerrero.

Mientras, Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, calificó de contradictorio que se haya aprobado el mandato, considerando únicamente el servicio de telefonía móvil y no el de telefonía fija.

Con esta actitud, según Aspiazu, se restringió la universalidad o generalidad de un derecho, exclusivamente para beneficiar a las empresas telefónicas estatales, a fin de evitar que tengan que asumir el costo y que la portabilidad pueda convertirse en un factor de mayor competencia en un sector (el de telefonía fija) que se mantiene como un cuasi monopolio.
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