Ayer, en una audiencia en el Juzgado 23 de lo Civil de Guayaquil, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) defendió su resolución de destituir a Francisco Arellano de la Superintendencia de Compañías, por violar la Ley de Partidos Políticos al exigir el pago de diezmos a favor de Alianza PAIS.  

La comparecencia se dio tras un recurso de amparo que presentó Arellano la semana anterior, aduciendo que este organismo no tenía competencia para resolver eso, por lo que pidió la suspensión de ese fallo.

Álex Guerra, abogado del TSE, sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre la competencia de este ente para resolver sobre la Ley de Elecciones, y de Gasto Electoral. María Dolores Rivas, abogada de la Procuraduría, le secundó y dijo esperar que el juez se declare incompetente.

Pero Yolanda Aguirre, abogada de Arellano, cuestionó la actuación del TSE y argumentó que este tiene competencia temporal para sancionar solo en periodo de elecciones. “En el momento en que se dice que se hicieron las supuestas aportaciones no estábamos en ese periodo”, indicó, tras señalar que la Constituyente era la única que lo podía destituir.

En la audiencia, la defensa presentó un oficio firmado por 52 funcionarios de la Superintendencia, declarando que su aporte fue voluntario.
Trabajadores presentes indicaron que ese grupo fue  presionado.