La investigación abierta en la Fiscalía de Colombia contra   María Augusta Calle (PAIS), por una supuesta relación con las FARC, provocó indignación tanto en el bloque oficialista cuanto en sus aliados, que ayer  aprobaron una resolución de rechazo a dicha decisión y de respaldo total a su colega, para quien pidieron que el abogado del Estado asuma su defensa.

Con 82 votos a favor, la Constituyente aprobó un rechazo institucional a la decisión de la Fiscalía colombiana, a la que calificaron de una “nueva agresión a la soberanía nacional” e “intervencionismo” por parte del gobierno de Álvaro Uribe, que esta vez ya no es territorial sino jurisdiccional.

La resolución advierte que la agresión contra Calle puede convertirse en un precedente que justifique el ataque de Angostura o futuras acciones bélicas contra Ecuador.

Al momento de las votaciones, abandonó la sala de sesiones el bloque denominado de oposición.

El anuncio de la Fiscalía obligó al bloque de PAIS a reunirse la noche del jueves, donde se redactó el proyecto de resolución y se estableció una estrategia para defender a su coidearia.

Con antelación se solicitó al presidente  Rafael Correa que refuerce la seguridad para Calle, que ahora cuenta con resguardo policial.

A más de sus compañeros de bloque, Calle recibió el respaldo de León Roldós (RED),  quien anunció que representará legalmente a su compañera.

A su juicio, Calle debería promover un proceso legal contra The Miami Herald, medio de comunicación de EE.UU. que divulgó sus supuestos vínculos  con las FARC.

Calle agradeció el respaldo de sus colegas y aclaró que no es una terrorista, pues nunca portó un arma y su trabajo se ha orientado a defender la paz.

También el ex candidato presidencial Marcelo Larrea rechazó el proceso iniciado en su contra por la Fiscalía.

Él es hermano del ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y ayer afirmó que la acusación “no es más que una nueva farsa montada por el gobierno de Álvaro Uribe”.

Larrea considera que las acciones judiciales son parte de la campaña de desprestigio que el Gobierno del vecino país ha desatado para atacar a Ecuador.

“Es el segundo capítulo de lo que ya ocurrió con Gustavo, cuando un diario mostró una foto que supuestamente era de él reunido con Raúl Reyes, y luego se descubrió que se trataba de otra persona”, dijo.

Larrea cree que la intención de Uribe es convertir a Ecuador “en un chivo expiatorio y así desviar la atención de los problemas políticos que hay en Colombia y que afectan la credibilidad de su gobierno”.

Larrea negó tener contactos con las FARC; además, afirmó que lo que hay que rechazar  es la arrogancia de los organismos de control y justicia de Colombia, que creen tener potestad de juzgar y condenar a ciudadanos ecuatorianos.