Autoridades están inconformes con la entrega de obras a empresas contratistas.

El agua que reciben varios habitantes de la ciudadela Municipal de Portoviejo está contaminada con bacterias de origen fecal. Así lo determinó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, de esta ciudad, tras analizar cuatro muestras de agua potable procedentes de hogares de  ese sector.

Según Bélfor Moreira, dirigente de la ciudadela Municipal, este es el resultado del mal trabajo que se hizo  con la ubicación del plan maestro de alcantarillado, que en su primera fase –iniciada en 1998– generó el reclamo de autoridades.

“Apenas se llegó al 30 por ciento de los sectores de Portoviejo, cuando se aspiraba a llegar al  50 por ciento”, dijo la concejala Bella Lucas (PRE).

La primera fase de esta obra se ejecutó a mediados de 1998 por la empresa INA Bromco, y tuvo un costo de 35 millones de dólares, recurso que se obtuvo del Gobierno tras un paro.

Y fue en otra paralización, la del 5 de julio del 2005, cuando la actual administración de Patricia Briones (ex PSC) consiguió del gobierno de Alfredo Palacio la asignación de $ 20 millones más $ 2 millones de aportes del  cabildo.

Luego el Municipio de Portoviejo, bajo la figura de  emergencia en el Litoral, asignó esta obra a varias empresas e ingenieros civiles, proceso que tiene el rechazo de varios sectores.

La concejala Lucas indicó que se hizo una invitación a varias empresas y la elección la realizó la alcaldesa.

 Bruno Poggi, ex ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuestionó el hecho de asignar a dedo obras bajo el argumento de  emergencia.

“La única persona que puede declarar la emergencia es el presidente de la República, porque si es así entonces todos los municipios del Ecuador pueden contratar lo que les dé la gana”, señaló el ex ministro, quien dijo que no se opone al proyecto, pero objeta la forma de adjudicación de obras.

Vicente Izurieta, gerente del Banco del Estado en Manabí, sugirió a los miembros del cabildo que se convoque a una calificación de posibles contratistas, bajo ciertos parámetros, para evitar incumplimientos.

La alcaldesa Patricia Briones dijo que si por haber realizado la adjudicación de obras a través del sistema de emergencia va a la cárcel, ella iría por ver cristalizada esta obra.

“El Presidente de la República me dijo que si actúo honestamente no tengo por qué preocuparme. Ya era hora de darle a las parroquias las obras que requieren”, sentenció Briones.

La Contraloría del Estado debe emitir en los próximos días el informe respecto a la asignación de obras del cabildo.

Aportes a campaña
Luis Párraga Zambrano, representante de la empresa Setresing S.A., según el Tribunal Supremo Electoral,  fue aportante de la campaña de Rafael Correa, con una donación de   13.584 dólares.

Deudor de la AGD
Alfredo Limonggi Santos, encargado de los trabajos en la parroquia Crucita, por un monto superior a los  5 millones de dólares, fue notificado el 24 de mayo del 2003 por la AGD por  una deuda de  600 dólares.