Critica penalización.

El Gobierno español indicó  ayer que no comparte la reforma de la política de inmigración italiana, que prevé el encarcelamiento de los inmigrantes indocumentados, y pidió una legislación común en toda la Unión Europea (UE).

La reunión entre el secretario de Estado para la UE en España, Diego López Garrido, y su homólogo transalpino, el ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi, se cerró con palabras de respeto entre ambos, pero con profundas diferencias en sus respectivas visiones sobre la forma de gestionar el fenómeno migratorio.

Respetamos todas las decisiones del ejecutivo italiano en el ejercicio de sus competencias, dijo López Garrido para cerrar el cruce público de reproches entre ministros de uno y otro país después de que el presidente Silvio Berlusconi anunciase la inmigración clandestina como delito.

López Garrido alertó de la posibilidad de que esa ley suponga un desvío de flujos migratorios de forma desproporcionada hacia España.