Siempre trato de ser objetivo en mis opiniones, y trato también de no dejarme seducir por la tentación de censurar o aplaudir, según el caso, alguna medida del Gobierno central o de los seccionales sin previo análisis, ni de alarmar injusta o innecesariamente a mis lectores, pero debo decir ahora que estoy seriamente preocupado por la situación del país.
No hay inversiones y el desempleo va en aumento, dos vías importantísimas para que la paz social no sea una entelequia y para que el país se desarrolle y avance, lo cual ha quedado reflejado en el esmirriado crecimiento nacional durante el 2007, que –aunque las cifras oficiales, luego de cinco meses, todavía no las publica el Banco Central– ya el Gobierno admite que ha sido menor al 2%, distante del porcentaje programado y esperado. Diario Expreso publicó esta semana sendas notas en las que dice que durante el 2007 se registraron las inversiones más bajas de los últimos quince años y que el desempleo en abril subió el 1,1% respecto al mes precedente, aumentando el número absoluto de desempleados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato en 24.333 personas. La realidad nos impide soñar o reemplazar con palabras la fuerza incontrastable de los números.
Si a lo dicho sumamos otros dos factores, como son la disminución de las remesas de los emigrantes, un fenómeno que afecta no solo al Ecuador sino a todos los países que tienen un alto número de expatriados forzosos –como acabo de leer en periódicos de Centroamérica que se sienten afectados por lo mismo– y la incertidumbre acerca de los resultados de la Asamblea Constituyente, donde algunos asambleístas –en vez de presentar propuestas constitucionales con profundidad jurídica y con rigor académico– parece que se hubieran dedicado a la tarea de competir en un concurso de quién elabora el proyecto más llamativo o novedoso –por no decir el más ridículo– la preocupación que tengo, y que comparto con ustedes, se agrava.
Hace pocos días quebró una institución financiera, una mutualista, sin que hasta el momento –tal vez es muy pronto todavía– se hayan establecido responsabilidades. Pero si el Gobierno está interesado en crear una nueva arquitectura financiera, como dijo el ministro Pedro Páez en un conversatorio organizado por Ildis hace dos días, ¿por qué no comienzan por rediseñar el papel de las auditoras externas y sancionar su carencia de fidelidad con la realidad y exigir que las consultoras que califican a los bancos y afines actúen en consecuencia? ¿Por qué no se profundizan los controles de las superintendencias de Bancos y de Compañías? Una reglamentación estricta y rigurosa, sin contemplaciones, sería el primer acto de protección del Estado para con el público que deposita sus dineros en los bancos o que compra obligaciones emitidas por las sociedades anónimas, pues si sus estados financieros no merecen credibilidad porque sus auditores, pagados por ellos, son expertos cosmetólogos o maquilladores, pronto terminará también ese tipo de inversión por falta de confianza.
No quiero señalar a nadie en particular pero me temo que quienes toman las decisiones gubernamentales sobre los asuntos cotidianos de producción y empleo, nunca han estado en la ribera del sector privado, siempre han sido burócratas que han cobrado su sueldo aunque el país esté devastado por las inundaciones o por la sequía o por los malos gobiernos. Y no conocen el paisaje que se mira desde la otra orilla.