Polémica.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia se disputan la Dirección del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), entidad encargada de regular y planificar la política penitenciaria en el país
Pese a que la mesa de Justicia aún debate el proyecto de reforma constitucional en ese tema, ayer una delegación de la Fiscalía General, encabezada por el director de Política Penal, César Banda, solicitó mantener al Fiscal General como presidente nato de esa entidad.

Según la propuesta de la mesa de Justicia, el Consejo de Rehabilitación Social estará integrado por los ministros de Justicia, Trabajo, Salud, Educación, Defensor del Pueblo y el Director del Consejo, que hace las veces de Secretario Ejecutivo.

Semanas atrás el fiscal general, Washington Pesántez, rechazó la intencionalidad de que se lo retire del Consejo y cuestionó al Ministro de Justicia, que promueve la aprobación de una norma constitucional, para que ese ente pase a ser controlado y dirigido por la Secretaría de Estado a su cargo.

“Ahora solamente falta ponerle a la reina de Quito en el Consejo, nosotros sí entendemos de materia penal”, ironizó Pesántez, en días pasados.

Según el asambleísta de la mesa de Justicia, Marcos Martínez, por el momento se definen los conceptos de lo que será la rehabilitación social en el país, pues “es un hecho que el Ministerio Público sea retirado de esa entidad”, señaló Banda, para quien es un error grave en vista de que el Fiscal deberá acompañar en ese proceso como para vigilar la pureza de la concesión de ventajas como la prelibertad, libertad controlada y las rebajas de penas.

Paralelamente, Banda planteó que la Policía Judicial sea el organismo que asesore a la Fiscalía en la investigación de delitos. La norma determina que “para el cumplimiento de sus funciones el Ministro Fiscal organizará y dirigirá un cuerpo investigativo especializado, conformado por la Policía y un departamento médico legal”.

En días pasados, el ministro de Justicia, Gustavo Jalk, dijo que era partidario de modificar la integración del CNRS que, según él, debe estar dirigido por el Gobierno a través de la cartera que él preside, en coordinación con los ministerios de Salud, Trabajo, la Fiscalía y el Instituto de Criminología.