El resultado del trabajo de la Soberanísima y los planteamientos que acaban de hacerse públicos marcan, en tiempos de revolución, el fin de los anhelos de implementar un sistema de autonomías.
Por supuesto, esta decisión no es una casualidad. Por el contrario, se enmarca en una visión absolutamente concentradora del poder que incluso ha permitido que estados federales como Venezuela y Argentina, hoy sean en realidad los estados federales más centralizados del mundo. No es una casualidad que tanto Chávez como la presidenta Kirchner tengan hoy en día tantas coincidencias con nuestro régimen.
El mecanismo de consolidación del sistema unitario en el Ecuador, según lo resuelto por la Soberanísima, es algo que se veía venir desde el principio, entre otras cosas por la limitación de asignaciones para los municipios y consejos provinciales a través de la mal llamada Ley para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros, que convirtió en ingresos de capital lo que se consideraban gastos corrientes y con ello mermó el mandato constitucional de transferir a los gobiernos seccionales el 15% de los ingresos corrientes del Estado. Ratifica tal visión la eliminación de la potestad de los municipios para organizar el tránsito en las ciudades y con ello el uso de las vías públicas y por supuesto el intento de convertir a las ciudades en mercadillos, en lugar de propiciar la generación de plazas permanentes de empleo.
Esta visión centralista no debe llamar la atención si se lee el Plan Nacional de Desarrollo expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº 465 el 14 de noviembre del 2007 y recién publicado en el Suplemento del Registro Oficial del día 7 de abril. En la página 221 de dicho plan se señalan con claridad las estrategias del Gobierno en materia de estructuración de un nuevo modelo descentralizado de gestión estatal. Las estrategias previstas son 9, que incluyen definir con claridad funciones de los diversos órganos de gobierno (como que si hoy las leyes no lo hicieran), fortalecer los niveles intermedios de gobierno (esto hace avizorar la contratación de numerosas consultorías), elaborar una matriz de competencias (con el fin de propiciar que todos los gobiernos seccionales asuman un paquete mínimo, con lo cual ninguno asumirá nada), definir una política de ordenamiento territorial que respete las prioridades de conservación y soberanía alimentaria (habrá que tomar un curso de tecnocracia para entender esta redacción), redistribución de las rentas y contribuciones con criterios de equidad territorial (hasta ahora se nos dice cuál será la fórmula que se aplicará, con lo cual el contenido es incierto); establecimiento de representación política para circunscripciones territoriales (nuevamente habrá que imaginar el contenido), creación de incentivos para lograr consensos entre todos los actores sociales (probablemente el mejor incentivo será la creación de nuevos bonos), estructura especial para Galápagos y, levantamiento de catastros (¡brillante innovación!).
Si las anteriores son las únicas estrategias del Gobierno para descentralizar y desconcentrar y si es claro que los Soberanísimos son los ciudadanos con menor soberanía en el Ecuador (ahora tienen prohibido hasta hablar en nombre propio), es evidente que debemos despedirnos de las autonomías. Y pensar que en época de elecciones dijeron todo lo contrario.