El nuevo jefe del gobierno italiano, el derechista Silvio Berlusconi, adoptó este miércoles una serie de medidas firmes y severas para salvar a Nápoles del drama de las basuras que agobian "como un terremoto o una erupción volcánica" a esa región del sur de Italia.

Berlusconi se trasladó a la metrópoli sureña para presidir la primera reunión operativa del Consejo de Ministros con el fin de demostrar su voluntad de resolver el problema de las basuras que sofocan a esa ciudad.

"La Protección Civil se encargará del problema porque se trata de una emergencia nacional, como un terremoto o una erupción volcánica", admitió Berlusconi, quien encargó al veterano director de la entidad, el médico Guido Bertolaso, la resolución del espinoso problema.

Como primeras medidas Berlusconi anunció que "los vertederos serán declarados zonas de interés estratégico nacional y que serán vigilados por militares, como cualquier zona militar".

El jefe de gobierno italiano, holgado vencedor de las elecciones legislativas de abril, decidió aplicar mano dura contra todas las formas de protesta organizadas en los últimos años contra la construcción de vertederos.

"Cualquier persona o minoría organizada que bloquee o dificulte el uso de los vertederos será castigada con penas severas que van de tres meses a un año de cárcel", advirtió.

"El Estado debe asumir su rol de Estado con fuerza y autoridad", dijo el magnate de las comunicaciones, en un mensaje dirigido tanto a los habitantes de los barrios periféricos como a la mafia napolitana, la Camorra, acusada de haber descargado legal e ilegalmente, durante años y a bajo precio, millones de toneladas de residuos tóxicos provenientes de media Europa.

El Consejo de Ministros también dispuso la creación de cinco nuevos vertederos en la región de Nápoles, sin divulgar su ubicación precisa, y anunció que se construirán cuatro plantas incineradoras modernas "de última generación" para el tratamiento de las basuras de toda la zona.

El gobierno adoptó igualmente un paquete de medidas de seguridad que fijan una línea dura contra la inmigración ilegal, tal como lo había prometido durante la campaña electoral, lo que ha alimentado una ola de xenofobia en toda la península.

"El Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo", afirmó Berlusconi, al notificar las medidas.

Entre las medidas inmediatas aprobadas figuran la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y la "confiscación de los apartamentos y residencias alquiladas a inmigrantes indocumentados", precisó el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los autores de las medidas.

Maroni, exponente de la xenófoba y populista Liga Norte, precisó que se limitará la entrada de familiares del inmigrante legal al nivel de hijos y padres, quienes serán sometidos a pruebas de ADN, lo que ha suscitado la indignación de organizaciones no gubernamentales y católicas.

El gobierno conservador aprobará luego, antes de julio, por vía parlamentaria, una ley que introduce el delito de inmigración ilegal y prevé penas que van de 6 meses a cuatro años de cárcel.

Paralelamente a la reunión ministerial, cientos de personas salieron a manifestar en Nápoles contra la política de Berlusconi, entre ellos numerosos desempleados, ecologistas, militantes antiglobalización y ciudadanos indignados por la crónica mala gestión de los desechos.