El proyecto de artículos establece la gratuidad de la educación hasta el nivel universitario.

La mesa 1, de Derechos Fundamentales, de la Asamblea Constituyente, analiza que una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) constará en el presupuesto general del Estado para el financiamiento de la educación.

Esta coincide con lo planteado sobre el tema en la propuesta de Carta Magna redactada por la comisión de juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).

De aprobarse en Montecristi, y luego en referéndum, la educación recibiría unos $ 2.800 millones. Ahora recibe la tercera parte de eso.
Se discute lograrlo con “progresivos incrementos anuales en el presupuesto”, dependiendo de planes o programas educativos”, señala una de las transitorias que consta en la propuesta de artículos.

En uno de los primeros borradores, los asambleístas de la mesa 1 plantearon que el aumento sea del 0,5% anual.

En el mismo borrador se establece, asimismo, una asignación presupuestaria del 1% del PIB para Ciencia, Tecnología e Innovación.

Jorge Escala (MPD) expresa que esa disposición busca elevar a norma constitucional el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta popular de noviembre del 2006, que votó a favor del incremento del presupuesto para la educación.

“Es una de las pocas preasignaciones que el Gobierno quiere mantener”, comenta Sergio Chacón (SP) sobre el texto.

En la mesa hay un acuerdo preliminar para mantener el financiamiento para la educación particular gratuita y fiscomisional, aunque Escala ha propuesto que el Estado reconozca la particular, pero que no colabore con su financiamiento, como ocurre actualmente con algunas escuelas y colegios fiscomisionales.

Él argumenta que estos cobran pensiones, por lo que no necesitan fondos estatales.

Chacón dice que, efectivamente, “había voces ‘oscuras’ para que esto se elimine, pero hemos enfatizado que este tipo de apoyo es indispensable en zonas rurales donde las misiones católicas y evangélicas impulsan la educación”, explica.

El gutierrista advierte que la Ley de Educación que desarrolle los principios constitucionales tiene que establecer controles a los excesos en el cobro de las pensiones, tanto en los centros educativos particulares como en los que reciben algún tipo de aporte del Estado.

La propuesta de artículos plantea también la gratuidad de la educación en todos los niveles, incluso el universitario (hasta un tercer nivel, es decir, los estudios de pregrado).

Iván Rodríguez (PAIS) expresa que está en discusión si el Estado puede financiar estudios de posgrado o especializaciones para los jóvenes de  escasos recursos económicos.

Derechos
El proyecto de artículos  sobre la educación señala que  el Estado garantizará el derecho a aprender, así como la libertad de  enseñanza y de cátedra, y el de los padres a escoger una educación acorde a sus principios y creencias.

Sistema
El documento plantea la creación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se  encargará de promover la  investigación científica y el desarrollo tecnológico.