El Mandato Minero busca convertirse en un elemento de reflexión y debate, lapso de análisis que, sin embargo, se lo promueve desde las cargas ideológicas y políticas con las que fue expedido, pese a ello, con la intención de que esta hora de meditación resulte útil para el país la debemos llevar a cabo con objetividad y serenidad. Objetividad y serenidad para recordar que la minería ha sido una de las herramientas básicas para la construcción de la civilización moderna, contribuyendo al bienestar del ser humano y al fortalecimiento de una sociedad pluralista y equitativa, basada en la administración apropiada y sustentable de los recursos.
La reflexión y el debate propuesto por los gestores del Mandato Minero, lamentablemente, se basan en prejuicios como el número de concesiones mineras efectuadas, procedimiento calificado como un “feriado”, perdiendo de vista que los países vecinos, desarrollados y experimentados en el sector, manejan políticas de concesiones realistas, Perú tiene 23.000 concesiones frente a las 4.000 del Ecuador; desde la técnica a mayor número de concesiones, mayores son las posibilidades de encontrar una mina, estadísticamente la variable búsqueda-hallazgo en materia minera 1.000 a 1.
Así las cosas, resulta claro e incuestionable que una de las etapas más complejas de la minería es lograr la inversión, en el circuito mundial de capitales se promueven miles de propuestas de indicios minero, de ellos, apenas uno o dos generan interés, ignorar esta lógica deriva en la apresurada descalificación de la actividad minera a la que se tacha de corrupta y especulativa.
A la mesa de la discusión también se trae con frecuencia el tema de la participación de las comunidades en el denominado consentimiento previo, asunto que lo analiza la Asamblea Nacional, instrumento que no sería otra cosa que la extensión, a ciertos grupos, de la capacidad de bloqueo de proyectos de importancia nacional.
En ese escenario, cabe la reflexión sobre los costos que en tiempo y formación se requerirían para capacitar a quienes detenten ese extraordinario poder de decisión, desde el supuesto que aquellas personas actuarían en función del bien común, en caso contrario, el consentimiento previo anulará cualquier posibilidad de desarrollo y bienestar.
Otro argumento extraño a la realidad es el que señala a la minería como elemento disociador de las comunidades en las zonas de los proyectos, omitiendo que los brotes de enfrentamientos surgen por posiciones extremas de activistas profesionales que operan en los alrededores de los mayores descubrimientos mineros realizados hace apenas dos años, perdiendo de vista que pueblos enteros como Portovelo, Zamora, Ponce Enríquez, vivieron, viven y vivirán de la minería, una actividad productiva que les ha convocado al trabajo y a la unidad.
Lo cierto es que el Mandato Minero lejos de abrir un lapso válido para la organización del sector ha creado un lamentable ambiente de inseguridad jurídica, incertidumbre financiera y desempleo para miles de ecuatorianos; pese al devastador resultado del edicto, las empresas mineras responsables enfocan este tiempo de reflexión y debate desde un punto de vista positivo, entendiéndolo como la oportunidad para crear una nueva Ley Minera técnica que surja del diálogo y el consenso y se convierta en un auténtico motor de la nueva industria minera ecuatoriana.