Hasta mediados del siglo pasado, Ecuador era autosuficiente en trigo.
Hoy depende casi totalmente de su importación.

De 1961 a 1970, el gobierno de Estados Unidos ejecutó el plan “Alianza para el progreso”. Donó a nuestro país toneladas de sus sobrantes de trigo. Se abarató así el pan de cada día y se amplió su consumo.
Campesinos e indígenas empezaron a comer pan en vez de la harina de cebada tostada (mashca). El trigo fue expendido a bajo precio por las instituciones que recibían gratuitamente. En tales condiciones, los agricultores no pudieron competir y dejaron de producir este cereal.
Luego llegó, inexorable, el momento en que cesaron las donaciones y fue imprescindible importar trigo. Nos lo vendía Estados Unidos cuyo gobierno ha subsidiado desde hace años a sus agricultores, imponiendo al cereal precios con los cuales nuestros agricultores tampoco podían competir. Se perjudicó así a la producción nacional y se benefició la extranjera. Es obvio que Estados Unidos planificó a largo plazo sus engañosas estrategias de producción y mercado. Y lo mismo hacen ahora las transnacionales.

Es el caso de los transgénicos. En enero del 2000, en calidad de préstamo no reembolsable, Washington nos donó 11.000 toneladas de pasta de soya transgénica. Luego donó trigo, pasta y aceite de soya transgénicos, por un valor de 25 millones de dólares.

A raíz de estos hechos, la Ley de Defensa del Consumidor, promulgada en julio del 2000, estableció la obligación de declarar en la etiqueta el origen transgénico del producto. Pero han faltado controles, y nadie ha impedido ni las donaciones ni las importaciones comerciales.

Los Tratados del Libre Comercio (TLC) que promueve Estados Unidos buscan, entre otras condiciones, abrir las puertas al comercio de los transgénicos y además obligan a proteger las patentes de productos transgénicos (libro de E. Benites Estupiñán).

Otros gobiernos, por el contrario, han tomado medidas drásticas contra los riesgos que se prevén de los transgénicos. La Oficina de Medio Ambiente de Suiza ha prohibido efectuar siembras, aun a título experimental, de trigo transgénico. La FAO y la OMS/OPS han formulado recomendaciones para que los programas de seguridad alimentaria garanticen la inocuidad de los alimentos. La “Declaración Latinoamericana” de la reunión efectuada en Quito, en 1996, condenó la introducción de transgénicos y sus patentes.

Con miras al futuro, este problema requiere de más estudios serios. Entre tanto, la Asamblea Constituyente podría introducir en la Carta Magna principios básicos y generales para que las leyes pertinentes dispongan luego lo que convenga al Ecuador, tomando en cuenta las prescripciones vigentes en otros países y en la Unión Europea, donde se han hecho investigaciones harto más profundas de las que se pueden realizar aquí.