Por la reacción que han tenido los gobiernos de Ecuador y Venezuela a raíz del informe de la Interpol se puede concluir lo que hubiesen hecho si, por alguna razón, ellos habrían sido quienes encontraban las famosas computadoras de Reyes. Las habrían destruido o escondido o se las habrían enviado a los otros dirigentes de las FARC, cualquier cosa, pero jamás se les habría ocurrido entregarlas, primero, a una institución especializada, ajena a su control, para que certifique su validez técnica, como paso previo, para utilizar la información en ellas contenidas –con todas las limitaciones que pueden tener– para conocer sobre las actividades y cómplices de una de las peores bandas de criminales.
En el caso del Ecuador, al menos, esta conclusión se refuerza con la conducta que asumió el Estado –porque de eso se trata aquí, del Estado– frente a tres personas que, pudiendo aportar mucho sobre las actividades de las FARC, y que habiendo claros indicios de su conexión con el terrorismo internacional, fueron asistidas por sus autoridades para que se escapen y obtengan un refugio seguro. Esta decisión calculada del Ecuador quedará allí, para siempre, como un ejemplo de cómo un Estado soberano echa mano de sus instituciones jurídicas para ayudar al terrorismo internacional.
Los estudiados movimientos que fueron realizando cada uno de los actores de esta burda comedia –cuya última escena es la anunciada sanción a un juez de instancia…– hasta que la “estudiante” y las “mucamas” lograsen salir sanas y salvas, no han pasado inadvertidos por la comunidad internacional. Es cierto que los responsables de esta opereta han actuado como lo hicieron confiados en la protección que les brinda la dictadura bajo la que vivimos. Pero es una dictadura que en su momento terminará, y es una dictadura que no alcanza a los tribunales e instituciones internacionales. Haber protegido a individuos vinculados al terrorismo internacional, como se lo hizo con tanto desparpajo, no es una falta menor.
Todo esto se cree que puede borrarse o limpiarse con insultar al presidente de otro país mientras se hace una visita oficial a una tercera nación (uno de los peores errores que se puede cometer en materia diplomática…) o con amenazar con renunciar si se prueba que ha habido vínculos con las FARC; algo muy difícil de hacer no solamente por la falta de un régimen de derecho sino por que quienes se han atrevido a simplemente pedir que se investigue o son perseguidos por el Estado o son tildados y acusados por el régimen de “perros de Uribe”, “traidores a la patria”, “lacayos del imperio”.
Los nexos con las FARC han quedado evidenciados. Y no tanto por lo que dicen las computadoras –de por sí grave–, sino por algo peor. Por la forma como se reaccionó desde el momento en que ellas fueron encontradas y, especialmente, la manera como se ayudó a que se escapen tres personas íntimamente vinculadas con Reyes. Y de eso el país es testigo.