Planteles fiscales deben tener escrituras a nombre del Ministerio de Educación.

Los 130 niños y niñas de la escuela fiscal Modesto Wolf, en la cooperativa Medardo Ángel, en el km 20 de la vía a Daule, deben compartir el recreo junto con los perros y las gallinas que ocupan los patios del plantel, que no tiene cerramiento ni infraestructura adecuada.

Los animales son propiedad de una familia que hace una década aproximadamente se asentó en una parte del terreno donde 34 años antes se levantó la escuela.

Edita Vera, directora desde el 84, manifiesta que el terreno fue donado a la escuela por una señora de la cooperativa. La familia también argumenta que el espacio que ocupa le pertenece. El conflicto se ha generado porque no hay escrituras.

Igual sucede con la escuela Col Bar, en la cooperativa Unidos por la Paz, en el km 26 de la vía Perimetral. Tres pequeñas aulas son utilizadas en la mañana y en la tarde para impartir clases a cerca de 300 niños que también comparten la cancha, que es invadida por un grupo de adultos que juega fútbol incluso en horas de estudio.

El portón que da acceso a la cancha de la escuela (creada hace seis años) no puede ser cerrado porque, según los peloteros, el espacio de juego no es del plantel sino de la comunidad. En los registros del departamento jurídico de la Subsecretaría Regional de Educación, esta escuela tiene posesión de terreno otorgado por otro posesionario.

Ambos casos están en trámite en el Municipio para realizar el levantamiento topográfico. En el primero hay que delimitar el terreno y en el segundo, emitir un informe final.

Desde hace 50 años la escuela fiscal de niñas Emperatriz Naranjo de Medina, en O’Connors y Tulcán, funciona (1958) en una casa esquinera de dos pisos, de construcción mixta y en una propiedad privada.

Por fuera su fachada deteriorada no permite distinguir, a no ser por el letrero, que ahí funciona la escuela que está en pie por los padres de familia.

Isabel Paz, directora hace 40 años, señala que quince años atrás empezó las gestiones en el Ministerio de Educación para beneficiarse con obras, pero no para legalizar la situación. “Este terreno es particular, tiene su dueño, el Gobierno le paga, yo no sé más nada de eso. A mí me dicen trabaja ahí y punto”, comenta molesta.

Planteles sin escritura, en cesión de derecho, sin delimitación o en propiedad privada son, entre otros, los problemas legales que impiden que estos locales sean reparados porque no tienen escrituras a nombre del Ministerio de Educación, requisito que requiere el convenio firmado por la Universidad y Municipio de Guayaquil y Ministerio de Educación) y la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse).

La subsecretaria regional de Educación, Mónica Franco, indica que ha habido desidia de los directores de los planteles que se conformaron con tener el acuerdo de creación de la escuela. “A ellos les correspondía oportunamente legalizar la situación de la propiedad del terreno donde se edifica la escuela. Pero se conformaron con que les hicieran cuatro palos o consiguieron que una fundación les construyera un local y no siguieron el trámite”.

Faltan administradores
Dice que hay planteles que necesitan ser administrados adecuadamente, pero como “son docentes no conocen de procesos de administración”.

Además, indica, que en los último años no ha habido una verdadera conciencia para dar permisos de funcionamiento. “Esto ha permitido que funcionen jardines de infantes en garajes de casa. La directora de planeamiento creaba carreras de informática en colegios donde no tenían computadores”.

Para evitar que esto suceda, Franco indica que se están fortaleciendo los mecanismos de control. Por ejemplo, cuando firma las autorizaciones de los colegios experimentales pide fotos de los laboratorios para confirmar si los tienen.