A pesar de la oposición de un sector intransigente, las cuatro organizaciones de productores rurales parecían dispuestas a levantar el paro patronal que reanudaron el 7 de mayo contra un nuevo sistema de retenciones (gravámenes) a las exportaciones de granos.

En principio, la decisión de proseguir o levantar la medida de fuerza debía ser decidida el miércoles. La presidenta Cristina Fernández ha dicho que no habrá negociaciones si los huelguistas mantienen el paro.

Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), declaró a la prensa que "el paro iba hasta el miércoles, pero entendemos que hay que acortar las distancias para facilitar las posibilidades de discutir".

En coincidencia, Hugo Biolcatti, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a los grandes propietarios del campo, manifestó que "existe un clamor generalizado que reclama resolver el conflicto entre el campo y el gobierno. No podemos desoír esos llamados".

La Comisión Ejecutiva del Episcopado católico reclamó este lunes como  necesario y urgente que el gobierno y los productores rurales lleguen a un acuerdo, mediante un comunicado que firmó el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.

Un dirigente del sector rural, Pedro Apaolaza, comentó poco después a la prensa que "el cardenal Bergoglio merece todo nuestro respeto y puede llevar algo de luz al conflicto, al ser preguntado si el purpurado podría desempeñar un papel mediador".

Sin embargo, un sector  combativo de los ruralistas, encabezado por Alfredo De Angelis, dirigente de la Federación Agraria en la provincia de Entre Ríos, discrepó con la actitud conciliadora de sus colegas y se pronunció por mantener el paro, que consiste en el corte de rutas, no comercializar granos y detener los camiones que transporten productos del agro.

De Angelis declaró que "antes de levantar el paro debemos ver a dónde vamos y qué conseguimos. El gobierno, si quiere, puede tranquilamente negociar con nosotros en medio del paro".

El paro patronal se inició el 11 de marzo, duró 21 días y ocasionó un serio desabastecimiento de alimentos e insumos, debido a cortes de rutas en todo el país.

Durante abril hubo negociaciones en las que el gobierno se mantuvo inflexible en cuanto a mantener las retenciones.El 7 de mayo las organizaciones rurales anunciaron la reanudación de la protesta.