A las cárceles no llega una mejora, pero las pugnas crecen. La Asamblea propone cambios.

La reciente polémica surgida en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) que derivó en la suspensión del principal, Máximo Ortega, y las denuncias de corrupción de funcionarios develaron  problemas estructurales de la falta de una política  penitenciaria.

El penal García Moreno, construido en el corazón de  Quito entre 1869 y 1874, fue el punto de partida. Desde ahí no hubo avance, porque entrando al siglo XX el país no contaba con un centro femenino.

Para 1982-1983, 12 de los centros carcelarios ingresaron a la categoría de casas adaptadas a prisión, construidas con materiales de adobe, bahareque, caña guadua, tela, zinc; mientras que 14 establecimientos  fueron clasificados como construidos con fines de reclusión.

Desde sus orígenes este sistema  estuvo condenado al caos. Según indica la revista latinoamericana de seguridad   Urvio,  editada por la Flacso, “en el Ecuador el aparecimiento del sistema penitenciario tuvo un carácter ambiguo, improvisado...; la institucionalidad carcelaria fue surgiendo de manera precaria, accidentada y manteniendo rezagos de instituciones antes utilizadas para la beneficencia o la represión...”.

En 1970 se crea la Dirección Nacional de Prisiones como dependencia del Ministerio de Gobierno y Cárceles, que reemplazó a la administración municipal del sistema que se pensaba estaba obstaculizando la modernización y tecnificación. Cada ciudad, de forma descentralizaba, daba la atención que su gobierno  requería y podía...

Según relata ahora el ex director de prisiones Alfredo Muñoz, los centros eran regentados por patronatos de cárceles en los que participaban autoridades de la capital, de la provincia  y había voluntariado.

Recién en 1981 se creó el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), integrado por el ministro de Gobierno, quien lo presidía, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el  Fiscal General, el Director de Empleo del Ministerio de Trabajo y el Director del Instituto de Criminología de la Universidad Central. Esta instancia era la encargada de definir las políticas de rehabilitación social para los detenidos.

Comenzaron reclamos
Sin embargo, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996) se abandonó el sistema, lo que originó los primeros reclamos de internos y empleados del CNRS que protagonizaron paros y amotinamientos. Para aplacar la situación, “el Congreso estableció como reforma el 2x1 (reducción de penas a la mitad de la sentencia) de forma antitécnica”, según Muñoz.

El ex funcionario explica que  en 1996 comienzan los problemas y se ahondan cuando se incluye en el CNRS a un representante de la Federación de Empleados “con voz y voto”.

En el 2006, por una reforma al Código de Ejecución de Penas, la Fiscalía toma el timón del ente después de una paralización de actividades de empleados e internos que aseguraban que la entidad estaba politizada.
Según argumenta el entonces dirigente Ricardo Arteaga, había inestabilidad porque el director era de libre nombramiento, el CNRS era controlado por el Ejecutivo y cada vez que se cambiaba al ministro de Gobierno se iba el director.

Ese año también se incrementó el número de vocales para reducir la influencia del Ejecutivo en la política penitenciaria. “Lo más valioso de la reforma del 2006 es que el director es nombrado por un concurso de merecimiento y oposición con un plazo fijo de cuatro años de gestión, lo que le daba estabilidad al cargo y rompía así con el mito de la politización...”.

Sin embargo, los problemas crecían aceleradamente. El hacinamiento, la ausencia de programas de reinserción social, instalaciones en mal estado y denuncias de actos de corrupción ahondaron la situación.

Hoy, la Asamblea se apresta a realizar otras reformas. A decir de la constituyente Marisol Peñafiel, “la legislación es obsoleta, represiva y agudiza las condiciones de inequidad social, hay corrupción en el sistema de administración de justicia”, por eso se plantea que el Ministerio de Justicia presida el CNRS.

Polémica ante cambios
Con eso volvieron a surgir  polémicas. El fiscal general de la nación, Washington Pesántez, quien hoy dirige el CNRS, ya criticó la intención, “solamente falta ponerle a la reina de Quito en el Consejo, nosotros sí entendemos de materia penal”,  ironizó en días pasados.

Estos problemas han provocado que hoy  el CNRS esté inmiscuido en polémicas. Ex directores reconocen que a lo largo del tiempo  no ha cumplido una buena labor. “Por inmiscuirse en temas administrativos, olvidó reformar el sistema”, explica Muñoz, para quien esa  entidad no ha servido de nada. “Es un freno para un director eficiente y un control para un director incapaz”, dice.

Ante eso,  propone que la entidad sea autónoma, pues la ejecución de una política penitenciaria debe ser del Ejecutivo y no de un CNRS de corte administrativo. Incluso, dice, nunca debió darse paso a que la Federación de Trabajadores lo integre, porque intereses gremiales crean un espíritu de cuerpo.

Cifras

6.748
Presos tienen sentencias ejecutoriadas. Solo el 40% del número total de personas detenidas en cárceles del país cumple una condena.

51%
Detenidos tienen su trámite legal en proceso, según la Dirección Nacional de Rehabilitación. Ese porcentaje representa a 8.509 presos del total que están en cárceles del país. Mientras que
hay  9% de detenidos por contravenciones.

2.500
Personas se beneficiarán del indulto que concederá la Asamblea Constituyente a los detenidos por llevar hasta dos kilogramos de droga en su organismo.