Chile presentó una nota de protesta al gobierno de Venezuela por las declaraciones del presidente Hugo Chávez, quien vinculó al jefe de la policía de investigaciones Arturo Herrera con violaciones a los derechos humanos.
La protesta le fue entregada el viernes a la embajadora venezolana María Lourdes Urbaneja en la cancillería chilena, informó este domingo el diario La Tercera.
Chávez acusó el jueves a Herrera, quien es presidente interino de Interpol, al cuestionar un informe de ese organismo internacional que certificó que las autoridades colombianas no manipularon la información contenida en tres computadoras que dicen haber encontrado en un campamento de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según Chávez, Herrera habría ordenado modificar un informe policial que inculpó al general retirado Ricardo Trincado en la exhumación ilegal de los cadáveres de 26 ejecutados políticos y los lanzó al mar para ocultar los crímenes de la dictadura del general Augusto Pinochet.
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet salió al día siguiente en defensa de Herrera, quien personalmente declaró el viernes: niego total y absolutamente cualquier participación en transgresiones a los derechos humanos.
Informes periodísticos coinciden en que Bachelet pidió desde Lima, donde participaba en la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea presentar una nota de protesta.
Herrera nunca fue acusado o investigado judicialmente por el asunto, del que se supo básicamente por subalternos que dijeron haber recibido presiones para alterar documentos que incriminaban al general Miguel Trincado Araneda en la exhumación de 26 cadáveres de fusilados en Calama que luego lanzados al mar desde un avión de la fuerza aérea chilena.
El diario estatal La Nación, basado en documentos procesales, ha publicado varios reportajes sobre la participación de Trincado en la exhumación ilegal en el desierto y una visita que le habría hecho a Herrera para solicitarle que se le excluyera del informe.
Los documentos de las computadoras supuestamente incautadas en el campamento de las FARC destruido en una incursión de tropas colombianas el 1 de marzo a Ecuador, involucran al gobierno de Chávez con esa guerrilla, según las autoridades colombianas.
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