En Montecristi, PAÍS alista cambios que se harán para buscar mejoras en rehabilitación social.

Al fiscal general de la nación, Washington Pesántez, le quedaría poco tiempo como presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS).

Los asambleístas oficialistas y de minoría izquierdista propondrán reformas con las que ofrecen conseguir que las cárceles se conviertan en verdaderos Centros de Rehabilitación Social como  se los denomina.

Los cambios abarcan la reestructuración del CNRS para que no sea presidido por el ministro fiscal de turno, como establece la Constitución vigente. Las críticas se centran en que las prisiones se han convertido en “centros de perversión” en los que, incluso, los detenidos perfeccionan sus prácticas para robar y hasta asesinar, según Mauro Andino (PAIS), miembro de la mesa 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción.

Ante ello, las reformas constitucionales apuntan a que el nuevo CNRS sea el ente que aplique las políticas penitenciarias de los gobiernos de turno.  Como mandato constitucional se determinará que sus miembros sean escogidos de forma técnica mediante concurso de merecimiento y oposición.

Esta última postura, que es apoyada por la mayoría de asambleístas oficialistas de la mesa 8, indica que el CNRS se integre con siete miembros: un delegado del Ejecutivo y seis personas escogidas para un periodo de seis años, y que estarán bajo la tutela del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El artículo sobre el tema establece que sus miembros responderán a distintas materias interdisciplinarias. La idea es que sea un médico, un psicólogo o un experto del mercado laboral para conseguir la reinserción de los reos, entre otros.

Aunque también está el planteamiento de la asambleísta Amanda Arboleda (PAIS), cuya madre, Soledad Rodríguez, fue asesinada supuestamente por las mafias carcelarias cuando era directora de la Penitenciaría del Litoral, de Guayaquil.

Ella planteó ante la mesa 8 que se elimine el CNRS para dar paso a un Instituto Nacional de Políticas Penitenciarias. Su conformación debe responder a la aplicación de un conjunto de normas para eliminar, entre otras, las pandillas que persisten en las cárceles y actos de corrupción generados por guías penitenciarios relacionados con las mafias carcelarias.

En la Constitución se establecerá, además, que los guías penitenciarios deben aprobar al menos un curso de formación especial. Andino planteará que se incluya una disposición transitoria con el fin de depurar el sistema de rehabilitación que abarque la asignación de una partida presupuestaria para indemnizar a los llamados adultos mayores que cumplen la función de guías en las cárceles.

“Lo principal es conseguir que las cárceles queden bajo el cuidado de gente idónea, ello conllevará una depuración en la que se puede retirar a los malos elementos”, dice Andino.

Las reformas apuntan a eliminar cárceles policiales y militares e implementar un programa gradual de reducción de penas que tome en cuenta el  comportamiento de los reos como una fórmula para frenar el hacinamiento en las cárceles.

La idea es compensar con la reducción de penas a los que estando en las cárceles realicen estudios o que se desempeñen en alguna actividad artesanal u otra profesión y que, por ende, muestren que se rehabilitaron, según Fernando Vega (PAIS), presidente de la mesa 8.

Aunque no se han establecido los parámetros por los que se otorgaría la libertad a los reos, Vega cree que la reducción se establecerá de acuerdo al grado de participación en los procesos de rehabilitación que proponga el nuevo sistema de cárceles que gesta la Asamblea.

Además está la creación de una entidad llamada Defensoría Pública para garantizar que cada reo cuente con un abogado facilitado por el Estado.

El cambio también apunta a la imposición de sanciones, como trabajos comunitarios para los  contraventores, y que más  delitos sean sujetos a fianzas.

Aunque esto último se especificará de forma más detallada en las nuevas leyes que se elaborarán, según la constituyente Marisol Peñafiel (PAIS), quien considera que debe generarse una graduación de las penas para disminuir el hacinamiento y facilitar la reinserción.

En la nueva Constitución se ratificará, además, como normas del debido proceso, la prohibición de que una persona permanezca detenida sin sentencia por más de seis meses para delitos que se sancionan con prisión y un año para los que merecen la reclusión.

Propuesta de Asamblea
CNRS BAJO EL MINISTRO DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su delegado será quien lo presidirá y tendrá un voto dirimente.

El Ministro de Salud o su delegado.
El Ministro de Trabajo o su delegado.
El Ministro de Educación o su delegado.
El Defensor del Pueblo o su delegado.

Actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo, el Director Nacional de Rehabilitación Social, quien además ejercerá la representación legal y judicial de la entidad.

El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al mes y podrá sesionar con cuatro de sus miembros. En caso de empate, el Ministro de Justicia tendrá voto dirimente. De considerarlo necesario, el Consejo podrá solicitar la presencia de técnicos u organismos especializados.

El Vicepresidente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que reemplazará al Presidente en caso de ausencia temporal, será elegido de entre los demás miembros en la primera sesión del Consejo y durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por un periodo.

Los delegados al Consejo deberán acreditar conocimientos académicos o suficiencia investigativa.

Opinión

Marisol Peñafiel
ASAMBLEÍSTA PAÍS
“En el Ecuador da lo mismo asesinar a una persona que llevar en el organismo diez gramos de droga, la pena por lo general es la misma de doce años”.