Mesa 2 de Participación Ciudadana aprobó el 10%  de firmas del padrón para ese fin.

Para pedir la revocatoria del mandato de un funcionario que no cumpla sus expectativas, desde el de una  junta parroquial hasta el Presidente de la República, la ciudadanía deberá recoger el 10% de las firmas equivalentes al padrón electoral de su circunscripción territorial.

Así señalan los artículos sobre la organización y participación social en democracia aprobados el miércoles  por la mesa 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación.

Esta mesa decidió reducir el porcentaje que consta  en la Constitución actual (30%) “para que ahora sí haya una verdadera revocatoria del mandato”, expresó Alfredo Ortiz (RED), miembro de la comisión.

La revocatoria es una de las cuatro formas de ejercicio de la democracia directa propuestas. Las otras son la consulta popular, el referéndum y la iniciativa popular normativa.

Según el documento propuesto, las consultas populares serán convocadas por el mandatario,  organismos seccionales y la ciudadanía, esta  podrá solicitarla con el respaldo del  5% de las firmas o huellas  de los inscritos en el  registro electoral nacional o el  10%  de su circunscripción si es un tema local.

El texto también permite a los residentes en el exterior efectuar consultas, con el  5% del  padrón de ese grupo. Para referéndums, la ciudadanía debe tener  8% de firmas del padrón   nacional. En ellos y  consultas, el pronunciamiento  será de cumplimiento obligatorio.

Para presentar iniciativas legales necesita  0,20% de firmas. Los impulsores podrán participar en las sesiones del órgano respectivo, que l tendrá 180 días para tratarlos. Si no lo hace, la norma entrará en vigencia.

Al hablar de la representación política, la mesa 2 plantea la reelección de cualquier funcionario por una sola vez. Es decir que si, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, decide postularse a la reelección en los próximos comicios, podría hacerlo por última vez en una próxima ocasión.

Los partidos políticos sí recibirán financiamiento del Estado, según el texto. A diferencia de la actual Constitución, estos fondos sí podrán ser auditados. “La idea es que los partidos tengan igualdad de condiciones”, señala Virgilio Hernández, presidente de la mesa.

En el articulado se plantea la igualdad política; esto contradice el texto de la mesa 3 de Instituciones de Estado, que prohíbe que los parientes del presidente de la República puedan ser candidatos. Los artículos irán a la mesa directiva para que fijen una fecha para su primera discusión en el pleno.