El artículo 6 del paquete de los derechos civiles señala que el Estado garantizará el derecho de las personas a la libertad de opinión y expresión del pensamiento. Y agrega que si algún ciudadano se siente afectado por “afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honor por afirmaciones o publicaciones pagadas o no, hechas por la prensa u otros medios de comunicación, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación  en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica...”.

Una parte de este texto recibió cuestionamientos, incluso por miembros de PAIS como  Rolando Panchana, quien piensa que la redacción de ese artículo no es la más adecuada.

“El término ‘pagada’ que se refiere a la publicidad no debe ser materia de este artículo sino que tiene que ser regulada por las leyes secundarias”.

Su coidearia, Aminta Buenaño, dice que  tiene que aclararse quién debe asumir la rectificación: la persona que la contrata o el medio que la publica.

Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) sostiene que la prensa no puede ser responsable del contenido de informaciones  pagadas. Mientras que para María Cristina Kronfle  (PSC)  los medios son empresas que viven de la publicidad; de ahí que pueden acceder a contratar los avisos que crean convenientes.