Tengo por costumbre conversar con amigos, clientes, conocidos y en general gente de diverso origen, perfil y condición socioeconómica, sobre su percepción respecto de la realidad del país.

Esa es una forma de tener visiones de lo que sucede en el Ecuador, desde diferentes perspectivas, de modo que en este espacio de opinión no vayamos a estar hablando sobre un Ecuador que no exista.

Los ecuatorianos desde enero del 2007 estamos a la expectativa del cambio que ofreció Rafael Correa en la urnas.

Y unos más que otros, mientras pasan los días, nos vamos convenciendo de que los cambios que se están dando básicamente hacen relación con los integrantes de los grupos de poder que controlan el país y el discurso de derecha hacia la izquierda.

A lo largo de este casi año y medio de gobierno de Alianza PAIS desde esta columna hemos señalado los errores, atropellos y distorsiones venidos desde el palacio, y a su vez, aplaudido los aciertos.

Por ello no vamos a desgastarlo a usted, amigo lector, enumerando todas las razones por las que creemos que el tal cambio prometido no se está dando ni se dará por lo visto; esos argumentos ya han sido expuestos oportunamente en esta columna.

Pero sí voy a referirme a uno nuevo, cual es el caso de la liquidación forzosa de Mutualista Benalcázar.

No pretendo entrar a analizar balances, ni normas técnicas ni argumentos financieros; sino simplemente desde la óptica de un ciudadano común, en base a sentido común y comprensión razonable de los conceptos básicos relacionados con el tema.

Cuando a finales de los años noventa la banca nacional entró en crisis, no solo se cuestionó a los banqueros responsables de actos de corrupción o, por lo menos, de negligencia manifiesta y despilfarro de los recursos de los depositantes; se cuestionó, además, a los organismos de control de la banca por no haber cumplido con su deber de supervisar adecuadamente sus operaciones y prevenir un colapso como el que amargamente experimentamos los ecuatorianos.

Hoy, en plena revolución ciudadana, la Superintendente de Bancos indiscutiblemente afín al Gobierno, como parecen ser los otros organismos de control (con honrosas excepciones) nos informa sin mayor rubor que al parecer sus controles han fallado y que la mutualista tiene que cerrar para horror y angustia de sus ahorristas.

La solución, como siempre, parece ser lanzarle el muerto al bolsillo del Estado, en este caso a través del Banco de la Vivienda, para callar los reclamos airados y justificados de los perjudicados, tanto por los propietarios de la mutualista, como de los funcionarios públicos a quienes se les paga un sueldo precisamente para evitar que ello suceda.

Ya no son ahora los “banqueros corruptos neoliberales”, ni los organismos de control bancario secuestrados por la partidocracia neoliberal; ahora se trata de funcionarios de control en pleno apogeo de la revolución de manos limpias, mentes brillantes y corazones ardientes…

¿Será que por ello ahora no es tan grave lo sucedido?

¿Será que a los partícipes de la revolución sí les está permitido equivocarse y a los otros no?

¿Será que cuando los neoliberales pecaban por omisión se presumía corrupción y ahora no?

Sin comentarios.