Estabilidad.

El traspaso de bienes entre las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas genera pugnas entre las dos dependencias. El punto de quiebre es la transferencia de 170 empleados que quedarían “en el limbo”, según el consejero de Pichincha, Áxel Yépez.

Con fecha 9 de mayo, el gobierno de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió una resolución de ocho puntos en la que exige a Pichincha “reubique, indemnice y liquide a todos los funcionarios y empleados de todas las empresas, incluido el terminal terrestre”.

El documento también señala que la indemnización se extienda a los empleados de las unidades educativas, vías que actualmente laboran dentro de la jurisdicción territorial de la provincia, porque no aceptamos la transferencia de los talentos humanos mal denominados recursos”.

Yépez explicó que de los 269 empleados, 43 fueron reubicados en el Consejo Provincial de Pichincha porque tenían contratos temporales; a 56 se les tramitó la liquidación por edad y enfermedad y 170 viven en la nueva provincia.

Según el pronunciamiento de la Procuraduría, emitido el 8 de enero pasado, “no existe transferencia de competencias sin que simultáneamente se transfieran los recursos necesarios para ejecutarlas, entre los que se  debe incluir a los recursos humanos”.

Para el funcionario, la resolución del consejo tsáchila es una ofensa a Pichincha. “Los pichinchanos somos pacientes pero hasta un límite, nosotros fuimos sensibles a una aspiración de 50 años de la provincialización, pero si quisieron independizarse deben asumir sus responsabilidades que incluye al personal”.

Para el consejero tsáchila Lizardo Sánchez (PSP), esta jurisdicción no acepta a estos funcionarios porque ellos son responsabilidad de Pichincha.

ANTECEDENTES: Prefecturas

Decisión
Los funcionarios de Pichincha esperan el retorno del prefecto Gustavo Baroja, que se encuentra en Chile, para  emitir una respuesta oficial el lunes.