En duros términos el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, se dirigió a los que defienden la gestión del director del Consejo Nacional de Rehabilitación, Máximo Ortega, contra quien denunció actos de corrupción, como conceder la prelibertad a 35 detenidos por narcotráfico.

La reacción de Pesántez se suscitó tras el reclamo del ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, a la Asamblea para que se traslade el manejo del sistema penitenciario, frente a los conflictos que se dieron en el sector y que terminó con la suspensión de 30 días de Ortega.

El ministro Jalkh fue el centro de las críticas de Pesántez, quien aseveró que el secretario de Estado tiene “apreciaciones trasnochadas y una actitud  desleal”, cuando afirmó que no fue conveniente retirar a Ortega del Consejo de Rehabilitación Social (CNRS), o decir que los miembros de ese ente toman decisiones apresuradas.

Según Pesántez, Jalkh pretende asumir la dirección del Consejo, modificar la conformación del organismo y retirar al delegado de la Corte Suprema, fiscal general, defensor del Pueblo e Instituto de Criminología. Solo falta incluir en el Consejo a la reina de Quito, dijo, al señalar que “si no entiende de qué habla nosotros sí entendemos de materia penal”.