Se buscará evitar el amotinamiento en cadena de los 16.557 detenidos de los 35 centros carcelarios.
La Asamblea iniciará un proceso de fiscalización sobre las denuncias planteadas en torno a la vinculación entre funcionarios del sistema nacional de rehabilitación social, con líderes (reos) de las mafias existentes en las cárceles.
Lo harán, entre otras razones, para evitar un posible amotinamiento en cadena de los 16.557 presos en 35 centros carcelarios, motivados por dirigentes de la Federación Nacional de Servidores Públicos de las Cárceles, según una denuncia presentada por Máximo Ortega Vintimilla, director nacional de Rehabilitación Social, ante César Rodríguez, presidente de la mesa 10 de Legislación y Fiscalización.
Ortega detalla en el oficio enviado a Rodríguez el 30 de abril pasado, que no recibe el apoyo del ministro Fiscal, Washington Pesántez, quien preside además el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), en el combate a la corrupción que impera en las cárceles.
Cuatro asambleístas exigieron ayer a la Comisión Directiva de la Asamblea que de inmediato se delegue estas investigaciones a la mesa 10.
Por ello llamarán a comparecer a Pesántez para que responda sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno a los procesos de instrucción emprendidos para determinar responsabilidades ante delitos cometidos en las cárceles.
La asambleísta Amanda Arboleda (PAIS) afirma que las denuncias por irregularidades planteadas a partir del 2005, implican delitos como chantaje, extorsión y hasta asociación ilícita entre altos funcionarios del CNRS con reos.
“El ministro fiscal tendrá que explicar las acciones que ha emprendido para combatir estos hechos”, recalca Arboleda.
Ella, junto a los asambleístas Marisol Peñafiel, Nelson López, los tres de PAIS, y Abel Ávila (MPD), sustentan sus acusaciones con copias de las denuncias presentadas.
Peñafiel afirmó que el proceso de fiscalización es solo el primer paso de una serie de acciones que implementará la Asamblea para reformar el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. “Estableceremos mediante reforma de ley que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social se integre con delegados o titulares de los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Trabajo, Inclusión Social y Económica y Defensor del Pueblo”, explicó Peñafiel.
La reestructuración se iniciará después que en el pleno se apruebe la resolución que concederá indulto a los detenidos que afrontan la etapa final de alguna enfermedad.
Después se aprobarán los indultos a las detenidas por llevar hasta dos kilogramos de droga en su organismo (mulas) que no sean reincidentes y hayan purgado el 10% de su pena.
La aprobación de estas figuras permitirá que unos 2.500 reos salgan de las cárceles.
Denuncias
Entre las denuncias que motivaron el inicio de un proceso de fiscalización está la planteada por Aquiles Tubay en noviembre del 2006 contra Rebeca Pico, cuando era asistente administrativa de la cárcel El Rodeo ubicada en Portoviejo.
A ella la acusa de repartir tres mil dólares entre las autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, a cambio de su nombramiento de guía.
Pese a esta supuesta irregularidad, Pico fue escogida como presidenta de la Asociación de Guías de Manabí. Su selección fue impugnada en febrero pasado por Luis Rivera Bermeo.
Los asambleístas anexaron también copias del proceso de instrucción fiscal emprendido en octubre pasado contra Ricardo Arteaga Muñoz, ex director nacional de rehabilitación social; Byron Briones, como ex presidente del Comité Nacional de Internos de las Cárceles y los guías Luis Betancourt, Ricardo Poveda y los hermanos Jaime y Luis Macías Manzaba.
CIFRAS: Población carcelaria
6.748
Presos. Solo el 40% del total de detenidos en cárceles del país tiene sentencia ejecutoriada.
51%
Detenidos. Las sentencias de 8.509 presos que representan el 51% del total, se encuentran en proceso.
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