El Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, inició este martes las indagaciones previas para determinar las causas penales que podría existir tras el cierre de Mutualista Benalcázar.
La Superintendencia de Bancos determinó el cierre de la entidad, el pasado 7 de mayo, al determinar un déficit en su patrimonio técnico.
Pesántez aseguró que "actuaremos con agilidad como lo demanda la ciudadanía", y que las investigaciones se iniciaron desde el mismo día del cierre de la mutualista.
Una de las primeras personas citadas a rendir declaración es Teresa Minuche, presidenta Ejecutiva de Ecuability, empresa encargada de la calificación financiera de la mutualista.
Ella sostiene que los balances de la mutualista estaban bien y que “no habían problemas de solvencia, de calidad de activos, ni de liquidez como se ve hasta ahora”, asegura Minuche.
La empresa calificadora asegura que la decisión de la Superintendencia de Bancos fue precipitada. “La Mutualista no debió haber sido cerrada, la Super de Bancos de equivocó”, indicó Ramiro Aguilar, abogado de Ecuability.
Además manifiestan no entender cómo la Superintendencia de Bancos pretende subastar los bienes de la entidad, sin aún conocer su valor.
Mientras tanto, en la matriz de la Mutualista aparecen cada día nuevos clientes exigiendo respuestas para la devolución de sus dineros, especialmente aquellos que mantienen saldos superiores a los 12.200 dólares, quienes piden ser incluidos en el plan de devolución que se estima arrancará la próxima semana.
Incluso, los albañiles de los proyectos inmobiliario que mantenía en ejecución la mutualista, se manifiestan preocupados pues aún no han cobrado sus haberes, informó el noticiario de Ecuavisa.
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