El gobierno conservador italiano de Silvio Berlusconi, que recibirá esta semana el voto de confianza del Parlamento, alista un paquete de medidas duras contra la inmigración ilegal.

Entre las primeras medidas, que el nuevo gabinete italiano prevé aprobar, está la introducción del delito de inmigración ilegal, con arresto y la extensión del periodo de reclusión, hasta 18 meses, en los centros de permanencia temporal, en espera de expulsión.

El objetivo prioritario del gobierno conservador es la lucha contra la inmigración clandestina y estudia la posibilidad del endurecimiento de las normas para el pedido de asilo.

La posibilidad de limitar el ingreso de la familia del inmigrante legal y de someterlos a exámenes de ADN, entre las medidas que se estudian, suscita la indignación de organizaciones no gubernamentales y católicas. “Esas medidas preocupan a los inmigrantes que huyen de sus países por hambre o por las guerras”, comentó en el diario La Repubblica  Vittorio Nozza, de la organización católica Caritas, especializada en asistir a los inmigrantes.

La idea de considerar un delito la inmigración clandestina, con penas de seis meses a cuatro años, anunciada por la prensa, fue rechazada también por el cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz. “Italia necesita a los inmigrantes porque es un país con una natalidad muy baja”, agregó el purpurado.

Protestas espontáneas se han registrado en los últimos meses, en diferentes ciudades italianas, debido a robos y asesinatos cometidos por inmigrantes, entre ellos rumanos y gitanos.  En Italia residen más de cuatro millones de inmigrantes legales.