Se ruega encarecidamente a quienes dirijan el Dispensario 31 que pongan orden en las ventanillas de la planta baja, para que cuando los empleados salgan a almorzar, se turnen y sigan despachando.

No es posible que todos los afiliados dependamos de una sola empleada, y cuando ella va a alimentarse y luego a lavarse las manos, nadie nos puede atender porque es la única persona del dispensario que posee la clave de acceso al computador que almacena la información de todos los pacientes que requieren de las citas médicas.

Mayra Camposano Costa,
Guayaquil
 
El 30 de abril a las 9:15 tuvimos que recurrir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Jamás había ingresado al Hospital del IESS de Durán. Por la necesidad y el apuro se creyó mejor que mi padre de 68 años de edad, jubilado y afiliado a esta entidad, sea trasladado allá por cuanto se había resbalado y roto su cabeza.

Al ingresar no había una persona o un letrero que indicara dónde queda la sala de Emergencia. Ya llevaba mi padre en una camilla quince minutos y no lo atendían. Solicité hablar con la enfermera de turno, y una señora nos atendió. Está bien dicho el refrán, aquí, “quien no llora, no mama”, y lo metieron a cirugía.

Mi padre inconsciente por el golpe, no podía hablar, aún así preguntaban si era afiliado; dije que sí. Pidieron el carné. No lo teníamos. En el momento de desesperación al ver la sangre, les dije que no lo tenía pero que lo curen, que yo les cancelaba. Dijeron que si estaba afiliado, todo lo cubría el Seguro. Así fue.

Luego de haberlo suturado, pasarían a mi papá a la sala de rayos X.; fui con la supuesta orden, pero al llegar allá me dijo una enfermera que necesitaba una autorización del director. Al buscar al director me topé con su secretaria; ella me explicó que sin el carné no me podía autorizar la firma, me indicó que vaya a la oficina de Estadística para que con la cédula de mi padre me den un informe de las últimas seis aportaciones. Fui a dicha oficina, pero una señora manifestó que no era allí, que primero debía ir a Administración. Fue tanta mi indignación que casi rompo el papel que tenía en mano, arrepentido de estar allí. Mi hermano llegó con el carné en ese instante. Corrí a la oficina del director, quien nos dio su firma autorizada; con la misma, al fin le tomaron la radiografía a mi papá. Regresamos a Emergencia con el carné y la placa de rayos X; nos dieron una receta para que consigamos una ampolla, y lo inyectaron. Al fin iba a salir de allí a las 11:54. Por una rotura de cabeza cuánto se demoraron; qué complejidad del sistema. Y después las autoridades dicen, ¿por qué todos se quejan del Seguro si ahí no se paga nada para ser atendido? Es verdad, pero esos minutos, horas, que usted está ahí le pueden costar la vida.

Camilo Fernando Tello López,
Durán

La actual Ley de Seguridad Social en la que se contempla la jubilación de los afiliados cuando cumplan 30 años de aportación y 60 años de edad, debe ser analizada por la Asamblea Constituyente, y en uno de sus articulados incluir las reformas a Ley de Seguridad Social, orientándola para que este beneficio llegue antes, y no cuando ya no podamos caminar o quizás no podamos disfrutar de nuestra jubilación, porque el promedio de vida es 60 años y tengamos que partir al más allá.

No entiendo cómo se aprobó esa ley, si con esta, los empleados se mantienen por más tiempo en sus trabajos y no hay oportunidad para los jóvenes y para los profesionales que diariamente culminan sus estudios y pasan a integrar la fila de desocupados. Es común ver en instituciones gubernamentales funcionarios de más de 60 años laborando aún, y en muchos casos personas que ya han sido jubiladas y tienen su pensión mensual, además de sueldo mes a mes; cuando deberían estar en sus casas disfrutando su jubilación y dejando el puesto para los jóvenes y así evitar el desempleo.

En el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) hay funcionarios de más de 70 años que siguen laborando. ¡Hasta cuándo padre Almeida. Es hora de corregir esto! La jubilación debería ser a los 30 años de aporte sin límite de edad, cuando aún podamos disfrutar de la misma y dar paso a la juventud y así detener la migración y su secuela social.

Sergio Cotto Córdova,
licenciado, Guayaquil

El Consejo Directivo del IESS, entre gallos y medianoche mediante resolución Nº C.D. 201 con fecha del 14 de febrero del 2008 y, publicado con una agilidad asombrosa, en el Registro Oficial Nº 282 el 26 de febrero del 2008, suspendió el pago de pensiones desde marzo del 2008, a todos los pensionistas que se acogieron a la jubilación (estando activos y que siguen activos) al amparo de la resolución Nº C.I. 137 del 2 de julio del 2002.

En otras palabras, ahora si se quiere seguir cobrando dicha paupérrima pensión, hay que demostrar ante este elefante llamado IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), que están cesantes. Con toda seguridad se trató de que algún kikuyo quiso congraciarse con cabezas principales de Gobierno con este ahorro de cocinera, para las arcas de gubernamentales. Anhelo que algún asambleísta se interese por este caso y analice en cuánto perjudica a las arcas del Estado, seguir pagando a los jubilados activos; suerte de pocos, tener trabajo antes de “partir”.

Luis Alejandro Hinojosa Chicaiza,
Guayaquil

El ex procurador pretende justificarse con la afirmación de que en la Contraloría, “el ingeniero responsable adujo que las bases instaladas, por corresponder al proyecto de un edificio destinado a oficinas y apartamentos no eran adecuadas para soportar una construcción cuya finalidad era albergar dependencias públicas”, y que ante “tan contundente criterio de carácter técnico, la Procuraduría no solo se abstuvo de emitir su dictamen legal, sino que procedió a dar por concluido inmediatamente el proceso”.

Más allá de que  este análisis debió ser efectuado antes de la declaratoria de utilidad pública, por así ordenarlo la ley, lo cierto es que los motivos para impedir la compra fueron fundamentalmente económicos y no técnicos. El edificio no se compró porque la Contraloría lo impidió.
En efecto, la Contraloría General del Estado, mediante oficio 000843 DCP de 11 de enero del 2008, señaló que “Este Organismo de Control considera improcedente el que se hayan practicado dos avalúos del terreno y de la construcción en un tiempo menor a un mes y que en el último avalúo se hayan incluido costos financieros y de estudios” (por el precio de US $ 551.065, 79). En el mismo oficio el Dr. Carlos Pólit señaló que “…no existe fundamento legal para que se reconozca por una obra no considerada en el avalúo una diferencia que asciende a la suma de US $ 80.000”.

También el oficio del Contralor de forma contundente y terminante señala que “El valor del metro cuadrado de US $ 872, 84, considerado para la adquisición del inmueble, resulta oneroso con respecto a precios de otras edificaciones en el mismo sector”.

Joffre Campaña,
Guayaquil

Digno es lo que ha hecho nuestro Alcalde, paralizar la construcción de un casino en el malecón Simón Bolívar de Guayaquil y el funcionamiento de otros en zonas regeneradas.

Que también consulte al público sobre los bares, tabernas, discotecas, casas de cita, que existen en barrios y áreas donde hay viviendas familiares, donde a diario se causa escándalos ya por peleas, muchas veces con tiroteos por gente que bebe licor, o por la máxima potencia del volumen que ponen a la música y no dejan dormir al  vecindario.

Que el Alcalde nos haga algún teatro al aire libre o un museo educativo en el sitio donde se estaba construyendo el casino.

Beatriz María de Garrido,
Guayaquil

Qué pena me da que la ciudadanía guayaquileña esté en contra del progreso de la urbe, ya que si se ponen a pensar detenidamente, un casino, ¿a qué personas busca como clientes?, a mayores de edad primeramente, a personas que tengan dinero para gastarlo; a turistas, y ese estereotipo de personas así; por lo que no entiendo ¡por qué tanta gente no aprueba la construcción de un casino en el malecón!

A la mayoría de las personas que se oponen no les afectaría en nada esa construcción; por el contrario, se van a perder fuentes de empleo y un atractivo turístico  para la ciudad.

Xavier E. Coello J.,
Guayaquil

“Basta de provincializaciones”, frase muy reiterada del Presidente, con motivo de la creación de las últimas provincias.

Tal expresión no impide el espontáneo desarrollo. Los pueblos tienen derecho a su progreso amparados en el ordenamiento legal, cuya normativa para este caso es tan virgen que contempla multas en sucres. Politicastros y gobernantes han manipulado esta situación de límites no determinados como plataforma electoral. Casi todas las provincias adolecen de este problema.

 Debe terminarse este pretexto para que una correcta división política permita reconocer las diversidades naturales, influencias culturales y necesidades sociales, como ente geográfico que no puede ser soslayado, y para instaurar una eficiente administración de justicia en materia de jurisdicción y competencia en cuanto a la tributación, clarificar el aporte de la provincia al erario nacional, y la asignación del Estado a esta. Este orden facilitará la unidad evitando sentimiento regionalista o separatismos. Debe terminarse por ser doloroso para un ciudadano no saber dónde está parado, ser apátrida en su propio territorio.

Los asambleístas deben establecer en la nueva Constitución los parámetros entre los cuales se han de definir los conflictos jurisdiccionales y de provincialización.

Terry Vilela Delgado,
Guayaquil

Después de los griteríos porque querían ser libres para alcanzar muchos sueños de profundos desarrollos, no se sabe nada sobre qué han logrado hasta el momento, las dos últimas nuevas provincias creadas en Ecuador.
No sabemos cómo están trabajando las autoridades en Santa Elena y Santo Domingo. Sería bueno conocer cómo va el éxito en esas zonas que ahora tienen sus autoridades, territorios, y sus ingresos popios.

José Tinoco,
migrante, Madrid, España

Una vez que culminó el proceso electoral que se dio en marzo en la nueva provincia de Santa Elena, los moradores viven en incertidumbre por la lentitud en los nombramientos de altos funcionarios.

Parecería que el esfuerzo realizado se diluye con la presencia de personas extrañas. Salvo tres alcaldes que esperan promesa presidencial de incluirlos en listas para las próximas elecciones y continuar (por tercer período consecutivo con el respectivo cambio de camiseta) en sus cargos, a cambio de promocionar el “Sí” de la nueva Constitución. Están en su derecho, pero depende de la aceptación ciudadana.

Los profesionales peninsulares deben ocupar puestos estratégicos, caso contrario, se beneficiarían allegados al movimiento político del Presidente, quien falló en momentos claves del proceso.

Gracias al reclamo que hubo (ante el Congreso) de habitantes de Santo Domingo de los Colorados por convertirse en provincia, la península de Santa Elena logró su objetivo; pero según ciertos amnésicos adulones, fue el Jefe de Estado el promotor de la hazaña, aunque los hechos precisan una cosa distinta.

Desde el 15 de enero pasado nuestra provincia no cuenta con un gobernador titular. ¿Acaso no hay peninsulares honestos capaces de ejercer esa dignidad?, ¿por qué el silencio de las “fuerzas vivas”; será que esperan dádivas de Gobierno?

Días antes del cierre de campaña, desfilaron varios ministros de Estado ayudando a personas candidatas oficiales. Cumplida la misión, ahora brillan por su ausencia.
La ciudadanía debe estar alerta ante todo esto.

Enrique Rosales Ortega,
Santa Elena