En Santa Cruz, donde se concentra el 63% de la población de 16 mil habitantes de las islas y  el 60% de la actividad turística, no hay servicio de agua potable ni alcantarillado.

El alcalde Leopoldo Buchelli refiere que está en marcha el plan para el agua y que en noviembre se iniciará el trabajo para el  alcantarillado, además se ha concluido  la construcción del hospital. Con esos argumentos expone la importancia de su función ante el temor de que podrían desaparecer los organismos seccionales.

La preocupación surge de una propuesta del Ministerio de  Ambiente de crear un régimen especial para administrar las islas. La ministra Marcela Aguiñaga, había sostenido  poca eficiencia del Consejo Provincial.

La prefecta insular, Fany Uribe (UDC), la refuta y  dice estar en pie de lucha. “Galápagos no puede perder su categoría de provincia, se habla no solo de que desaparezca el Consejo Provincial, sino también los municipios y la propuesta también es impulsada por el vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, pero no lo vamos a permitir”.

Como medida de presión, Uribe señala que se han enviado delegados a la Asamblea para exponer la realidad ante los constituyentes.

Añade que desde ya se planea la realización de la Asamblea Provincial y todo dependerá de lo que se decida en la mesa 4 (Ordenamiento territorial y asignación de competencias), donde se discute el tema.

“Si es que nosotros vemos que nos han quitado la categoría de provincia, los organismos seccionales tomaremos medidas,  si es necesario nos tomamos la provincia”, expresa.

Argumenta que el Consejo Provincial, donde laboran unas 90 personas, trabaja con $ 1,2 millones de presupuesto, de los cuales $ 300 mil  se destinan para obras y el resto para gasto corriente y operativo.

Mientras, entre los habitantes hay descontento por la labor del Consejo Provincial  porque no se ven las obras. “Es una lobería, no hacen nada”, dice Moab Villagómez, al referirse a los lugares donde duermen los lobos marinos.