Los ingresos que se generan en Galápagos, la conservación y el manejo de las islas generan por estos días mayor interés entre los insulares, y en especial en sus autoridades, a partir de la discusión en la Asamblea de propuestas que las involucran.
La prohibición de explotar material pétreo en zonas protegidas, expedida en el mandato minero aprobado el mes pasado, es un tema en el que piden una reformulación.
Preocupan también planteamientos de que se vendan terrenos solo a residentes, mayores controles al crecimiento poblacional y migratorio, y la restricción de productos como víveres que llegan del continente, con el propósito de consumir los que dan las islas.
Mandato minero, derechos, conservación e ingresos son cuestionados.
Para los galapagueños vivir en la región insular es algo así como tener la gallina de los huevos de oro, pero sin los huevos porque los millones de dólares anuales que recibe la región van a diversas áreas y no se ven los resultados, en el caso de la conservación, o se concentran en pocos empresarios.
Se estima que unos $ 419 millones, solo en turismo, es el total de gastos directos anuales relacionados con Galápagos, de los cuales $ 156 millones son gastos en el lugar de destino y varios de los propietarios de las principales fuentes de ingreso, embarcaciones, no son de Galápagos, según el informe 2006 - 2007 elaborado por el Parque Nacional Galápagos, fundación Charles Darwin y el Ingala (Instituto Nacional Galápagos).
El tema de los ingresos, la conservación y el manejo de las islas se escurre en estos días entre los insulares y, en particular, en las autoridades a partir de la discusión en la Asamblea Constituyente de propuestas relacionadas con las islas.
Primero fue el mandato minero, en donde una de las disposiciones prohíbe la explotación de material pétreo en las zonas protegidas. El Ministerio de Medio Ambiente, autoridades locales y entes conservacionistas piden la reformulación del proyecto porque de aplicarse implicaría el traslado desde el continente con el riesgo de ingreso de especies.
Las mismas autoridades y el Ministerio ambiental han sostenido que las minas se han explotado desde hace unos 35 años y se cumple con las normativas para proteger la zona.
Hay personal de vigilancia para que se respete el área, control de la extracción y buscar que el impacto sea mínimo. La idea es restaurar el sitio y devolverle su funcionalidad con especies del sector, refiere Washington Tapia del departamento de manejo de ecosistemas del PNG.
Sin embargo, la realidad es otra. En la isla Isabela, tras la explotación, una extensa zona de las cuatro hectáreas de la mina se ha convertido en lagunas de agua contaminada llena de algas donde nadan patillos.
Además, es depósito de basura, desechos y hasta un viejo tractor que también cumplió su vida útil. En el medio de ese lugar, una máquina extrae el agua para los dos mil habitantes.
Siete minas existen en el archipiélago. Dos en San Cristóbal, que no están en áreas protegidas, una en Isabela y cuatro en Santa Cruz, dos de ellas privadas, en las cuales no interviene el PNG y el control está a cargo del Ministerio de Minas y Petróleos, refiere Tapia.
La explotación es exclusivamente de material pétreo destinado a la construcción y obras públicas. “Todo lo que se levanta en Santa Cruz es con ese material”, dice Leopoldo Buchelli, alcalde de Santa Cruz.
Un cráter de una hectárea por unos cien metros de profundidad revela la cantidad de material extraído en los últimos 35 años. En las minas laboran obreros con sueldos que dependen de la cantidad de material que extraigan en el día, sin seguro ni beneficios, varios son irregulares y otros llegados entre enero y marzo pasado.
La explotación se ha intensificado en las canteras por el aumento de vehículos, pese a la restricción por la Ley orgánica de régimen especial que entró en vigencia en 1998. Se estima que en los últimos ocho años ingresaron 1.211 automotores, dice el informe.
Precisamente las restricciones de los derechos a los ciudadanos es otro de los temas que preocupan a los habitantes, aunque según Fabián Zapata, del Ingala, se trata únicamente de aplicarlos porque ya existen en la ley especial.
La venta de terrenos únicamente a residentes y el control del crecimiento poblacional y migratorio son aspectos que inquietan a los insulares, pero el que más preocupa se relaciona con la restricción de productos como víveres que llegan del continente, con el propósito de consumir productos producidos en la isla.
Pablo Gordillo, alcalde de Isabela, arguye que tal propuesta no tiene sustento y solo se intentaría si hubiera un impulso en programas de apoyo.
“Estamos impedidos de traer fruta y otros productos del continente, no nos oponemos porque queremos aportar a la conservación”, refiere.
Isabela, con una superficie de 4.900 km cuadrados tiene 700 hectáreas de zona agrícola, pero no hay recursos, dice Gordillo y agrega que hay créditos del Banco Nacional de Fomento, pero con tasas altas de interés y sin asesoría.
María León, una machaleña residente en Isabela, por experiencia comenta que vivir de la producción en las islas resulta difícil porque esta depende de la estación climática. Las piñas, papayas, yuca y plátano sembrados en su terreno en la parte alta de la isla se dan solo en “temporada de calor”. Mientras en la época de frío se cultivan hortalizas y legumbres. Por eso, y por la limitada producción que no cubre la demanda local, dice que siempre se va a depender del continente.
En las calles céntricas de Puerto Ayora (Santa Cruz) abarrotadas de tiendas de souvenirs donde decenas de turistas pululan, pescadores artesanales que desde hace cuatro años luchan por conseguir una patente turística que les permita realizar actividades turísticas, aspiran a que su pedido tenga eco en la Asamblea.
“El Gobierno no está cumpliendo lo que nos ofreció”, dice molesto Moab Villagómez, porque junto a otros 60 pescadores interesados en la conservación de las islas dejaron la pesca, pero ahora no tienen apoyo para emprender la nueva actividad. “Es increíble, desde hace años buscamos una patente, pero viene el barco hotel La Pinta y enseguida le dan”, sostiene.
La discusión sobre cómo se distribuyen los flujos del turismo y cuánto de estos beneficios llega a los residentes ha sido extensa, lo reconocen los autores del informe.
No existen datos de cuánto dinero ingresa a través de fundaciones y ONG para la conservación. El Ingala, ente administrador de las islas, dependiente del Gobierno, dice no tener datos al respecto, mientras las autoridades y habitantes exigen que se haga una fiscalización de esos ingresos.
Una encuesta citada en el informe respecto a la opinión de los isleños sobre el desempeño de las instituciones revela que el Gobierno provincial, fundación Charles Darwin, Ingala, municipios, PNG y Armada Nacional no son confiables en términos de honestidad.
De ellas, el Ingala y el Gobierno provincial aparecen con imagen más deficiente.
Más datos
Preocupación por vuelos
En los últimos años se han incrementado de manera alarmante los vuelos comerciales y privados a las islas, 193% entre el 2001 y el 2006. Los ingresos dejan $ 108 millones anuales a las aerolíneas internacionales y $ 38 millones a las nacionales.
Presupuesto PNG
El presupuesto promedio anual del PNG en los últimos siete años (1998 - 2004) ha sido de 5’307.441 dólares.
Financiación
Los ingresos por tasas de entrada a las áreas protegidas de Galápagos representan la principal fuente de financiación del PNG.