La falta de acuerdos respecto a las circunscripciones territoriales, los regímenes especiales, el presupuesto para los organismos seccionales y los niveles de gobierno han  retrasado la aprobación de los artículos constitucionales de la mesa 4 de Ordenamiento Territorial.

A esto se suma que los asambleístas de PAIS no han abordado ese tema en las reuniones de bloque porque se dio prioridad a otros más coyunturales.

Dicha comisión es la única que no ha entregado un solo texto para el debate del pleno. Según el cronograma de la directiva, esta tiene plazo hasta mañana para hacerlo.

La mesa 4 tiene plazo para entregar los artículos a la  directiva
en esta semana

La propuesta del movimiento indígena sobre la posibilidad de que las denominadas circunscripciones territoriales tengan un autogobierno o la consideración de que Galápagos pierda su categoría de provincia para dar paso a un régimen especial de administración son dos de los criterios que frenan la aprobación de artículos en la mesa 4 de Ordenamiento Territorial.

Dentro del bloque de PAIS tampoco hay acuerdos acerca de la asignación de competencias, el modelo de administración que se aplicará para las ciudades con más de un millón de habitantes (Quito y Guayaquil) y el proceso de regionalización que el régimen quiere impulsar.

La asambleísta Tatiana Hidrovo (PAIS), quien preside la mesa 4, la única que aún no entrega textos constitucionales, quiere evitar plantear artículos que no estén lo suficientemente consensuados en su bloque.

“Esto es un sistema complejo con distintos componentes que deben encajar, porque de nada me sirve aprobar artículos en mi mesa si lo planteado no tendrá apoyo en el pleno”, dice.

La complejidad también parte de los múltiples intereses que hay en el país sobre el tema.

Así, por ejemplo, en la nueva Constitución se garantizará la formación de las circunscripciones territoriales, pero algunos grupos indígenas plantean establecer gobiernos seccionales autónomos en esos sitios.

Dicha propuesta genera dudas debido a que en regiones como la Amazonía existen circunscripciones que abarcan varios cantones de distintas provincias en las que hay municipios, prefecturas y juntas parroquiales.

Esa propuesta va de la mano con la de instaurar un Estado plurinacional, según Pedro De la Cruz (PAIS). “Al reconocer la plurinacionalidad, esas naciones podrían reclamar gobiernos propios y allí yo veo uno de los escollos por el extremismo que puede conllevar la inclusión de ese concepto”, dice De la Cruz, quien se inclina por la interculturalidad.

Definir el modelo para la distribución de los recursos económicos es otro escollo.

Este mecanismo debe estar acorde con la reasignación de competencias que se hará para evitar que se deleguen nuevas atribuciones a los gobiernos seccionales sin fuentes de financiamiento.

“Debemos hacer que las transferencias sean operativas, es por eso que inmediatamente después de que se apruebe la Carta Magna en el referéndum, urge la creación de una nueva Ley de Régimen Autonómico”, refiere Hidrovo.

Sobre la distribución de los recursos del presupuesto del Estado a los  seccionales también hay distintas vertientes.

El porcentaje establecido en la Constitución vigente es del 15%, pero se debate un posible aumento de hasta el 20% o 30%. Aunque falta definir la fórmula que se aplicará para distribuir esos montos.

Un criterio planteado por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), quien es parte de la mesa 4, que busca instaurar un régimen especial de administración en las islas Galápagos que incluya solo a los tres alcaldes y juntas parroquiales, generó más discrepancias.

El asambleísta por Galápagos, Eduardo Sánchez (PAIS), rechaza las intenciones de quitarle la categoría de provincia, lo que implicaría la desaparición de lo que hoy son los prefectos en la región Insular.

Pero su coidearia Sofía Espín (PAIS), identificada con causas ambientales, piensa que los sistemas de representación en el archipiélago deben ser diferentes al del resto país para garantizar la conservación.

Los artículos que provocarán un proceso de regionalización también son aún tarea de discusión. Aunque en este aspecto hay un acuerdo básico sobre los requisitos para que las provincias conformen una región: tener el 10% de la población nacional, compartir las mismas fuentes hídricas y otros.

Los artículos sobre ordenamiento territorial están frenados además por posturas que quieren la inclusión de un sistema con cinco niveles: nacional, regional (que se crearía), provincial (las hoy prefecturas), cantonal (municipios) y parroquial (juntas).

Tatiana Hidrovo
Presidenta de la mesa 4
“Se crearán supermunicipios en las ciudades con más de un millón de habitantes”.

Eduardo Sánchez
Asambleísta de Galápagos (PAIS)
“La categoría de provincia en Galápagos puede ir de la mano con un modelo especial”.