El presidente de la República, Rafael Correa, restó ayer importancia a las advertencias del movimiento indígena de efectuar un levantamiento si es que la nueva Constitución  no incluye la figura del “consentimiento previo” de las comunidades para explotar los recursos naturales.

“Levántense nomás... A ver si viene otro (Lucio) Gutiérrez y otro (León) Febres-Cordero y les acepta el consentimiento previo”, exclamó Correa en su enlace radial sabatino, efectuado en el barrio de Chillogallo, al sur de Quito.

El mandatario dijo que el consentimiento previo vinculante es “inadmisible” porque se convertiría en un mecanismo de chantaje y extorsión.

Correa plantea que se incluya la consulta previa, que debe ser costeada por el Estado, no por las empresas que extraen los recursos naturales.

Si los pronunciamientos de las comunidades son negativos al proyecto, el Presidente debe tener la capacidad de decisión, sostuvo Correa.

“En la nueva Ley de Hidrocarburos, en la nueva Ley Hidroeléctrica, en la nueva Ley de Minería, se va a poner la participación en la propiedad de esos proyectos a las comunidades, las juntas parroquiales y los gobiernos locales, básicamente los municipios para que reciban ingresos que compensen el daño ambiental y puedan construir obras como escuelas y obras de infraestructura, a través de un mecanismo participativo”, precisó.

Correa cuestionó que  algunos asambleístas “que fueron elegidos por PAIS defiendan la agenda de otros grupos”, refiriéndose a Mónica Chuji, cercana al movimiento indígena.

Jorge Sarango, asambleísta de Pachakutik, dijo que la reacción de Correa “es propia de los gobiernos de derecha,  que no nos mienta y nos diga que es un gobierno revolucionario de izquierda... Él hace lo mismo que criticaba de la partidocracia: no le importa lo que opine el pueblo e impone su agenda”.

Sarango afirmó que la postura del mandatario es “irresponsable” y favorece los intereses de las transnacionales. “Nosotros seguiremos luchando”.