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Pobladores temen más al Ejército que a la guerrilla

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Floralba Acosta llora la muerte de su esposo y asegura no querer volver a su país, Colombia.
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Mayo 11, 2008

Manuel Jiménez nació en Ecuador hace 36 años. Daniel Marroquín, en la misma época, nació en Colombia. Sus historias de vida son distintas pero sus muertes tienen características similares. El uno, dirigente de Puerto Nuevo y comerciante, y el otro, agricultor en esa misma zona y que daba trabajo a casi una decena de personas. Ambos cayeron –según denuncian sus parientes y organismos de derechos humanos– por las balas del Ejército regular de Colombia.

Cruzaron a Colombia por diversas circunstancias. Sus cuerpos, con disparos, aparecieron en el país del norte vestidos con ropa de camuflaje con distintivos de las FARC. Las fuerzas militares del vecino país los presentaron como guerrilleros caídos en combate.

Los dos hechos están documentados por los organismos de derechos humanos y forman parte de la casi decena de casos de campesinos ecuatorianos o colombianos residentes en Ecuador que han sido víctimas del Ejército colombiano, confundidos como guerrilleros, según sus familiares.

Hoy, la familia de Jiménez, quien desapareció el 15 de marzo pasado y su cuerpo apareció dos días después en Colombia, dejó Puerto Nuevo y se fue a Nueva Loja. La de Marroquín decidió fijar su residencia en forma definitiva en Puerto Nuevo, Ecuador, y enfrentar las calamidades que provocan la orfandad. El gobierno colombiano aún no responde por las denuncias de los parientes.

Floralba Acosta, esposa de Marroquín, no duda en acusar a los militares colombianos. Fue el 21 de marzo del 2007. “Lo cogieron en el río San Miguel cuando iba a una finca en el otro lado. Lo llevaron para adentro a Colombia, lo mataron, lo vistieron con una sudadera que dijeron era de las FARC y lo presentaron como guerrillero”, relata la mujer, quien hoy trabaja en labores agrícolas para mantener a sus cinco hijos.

La familia dejó la vereda La Florida, en el Putumayo colombiano, y se vino para Puerto Nuevo en el 2003. Ese año compraron a un ecuatoriano de apellido Ochoa una finca de 30 hectáreas por siete millones de pesos (unos $ 3.500) y se dedicaron a la ganadería. En su propiedad daban trabajo a campesinos ecuatorianos.

Floralba llora hoy no solo por su esposo fallecido sino porque no tiene recursos para mantener a sus pequeños, que juegan en el piso de tablas de la casa ubicada a orillas del río San Miguel. Ahí posee una gallera y un espacio para que quienes van a bañarse en el río también puedan bailar.
“El equipo de sonido se dañó y no tengo plata para arreglarlo. No tengo capital para recomenzar”, dice la mujer.

Ella teme volver a Colombia. Temen también los ecuatorianos que residen en la frontera; temen los colombianos que residen en Sucumbíos. “Para ellos todos somos guerrilleros o colaboradores de las FARC. Mejor que ni lo vean los del Ejército si van ustedes para allá”, afirma un campesino de Chalangué.

Un canoero ecuatoriano relata que es fuerte el hostigamiento de los militares regulares del país del norte para con los campesinos de ambos países. “Eso no sucedía ni siquiera cuando la guerrilla dominaba en la zona hasta hace cuatro años”, dice. Cita los casos de Jorge Plazas, René Delgado, muertos como Marroquín y Jiménez. Por eso, la zona rural de Sucumbíos se puebla más con colombianos.

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