Pleno aplazó ayer la aprobación de artículos sobre trabajo, por falta de quórum.
Una propuesta del bloque de PAIS que eleva a norma constitucional el trabajo informal y prohíbe la confiscación de los productos y herramientas que utilizan para esa labor abrió un debate en la Asamblea.
El artículo 36 de la actual Constitución garantiza el respeto al trabajo del sector informal, mas en la propuesta hecha por la mesa 6 de Trabajo se reconoce y protege el trabajo autónomo realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones, pero prohíbe la confiscación.
Asambleístas de oposición advirtieron que se pretende limitar la acción de los municipios que tienen ordenanzas al respecto. Pero el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, dijo que con ello “los gobiernos seccionales deben dar condiciones adecuadas para que este grupo pueda cumplir dignamente con el trabajo”.
La Asamblea Constituyente nuevamente aplazó la votación en segundo debate sobre las reformas de trabajo.
Los asambleístas de oposición Mae Montaño (Movimiento UNO), María Cristina Kronfle (PSC) y Vicente Taiano (Prian) advirtieron que esa reforma pretende limitar la acción de los municipios del país que tienen sus ordenanzas para regular el trabajo de los informales.
Según el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), ello implica “que los gobiernos seccionales deben crear marcos jurídicos que se sujeten al contenido de la nueva Carta Magna y que además tienen que generar las condiciones adecuadas para que este grupo pueda cumplir dignamente con el trabajo”.
El nuevo texto constitucional recibió el respaldo de la bancada del MPD, su militante Jorge Escala sostuvo que es una forma de garantizar el trabajo autónomo y terminar con las ordenanzas que prohíben la venta informal.
“Es una derrota para los alcaldes autoritarios, específicamente de Quito (Paco Moncayo) y Guayaquil (Jaime Nebot)”, dijo.
Taiano denunció a la propuesta de demagógica y con dedicatoria política al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, porque ha venido combatiendo el comercio informal, tratando de que la gente se formalice y que la ciudad se ordene.
Anunció que el partido no votará por el texto, porque es una intromisión constitucional al derecho que tienen los municipios para regular el orden en las ciudades, que con esa disposición constitucional las ciudades volverán a convertirse en mercados y de lo que debe preocuparse el Gobierno es de generar empleo para la gente.
Mae Montaño precisó que constitucionalizar el trabajo informal es una respuesta al desempleo. “Lo fundamental es que haya regulaciones, porque todos tenemos derecho al trabajo, pero la utilización del espacio público debe ser controlada por los municipios, de lo contrario las calles del país se convertirían en verdaderos mercados”.
María Cristina Kronfle dijo que esa norma constitucional afectaría a los municipios por las ordenanzas, sobre todo en aquellos cabildos donde se prohíbe el comercio informal en zonas de regeneración urbana, como política de mantenimiento de la ciudad.
Leonardo Viteri, también del PSC y ex alcalde de Sucre (Manabí), catalogó que la medida es “centralista y dirigida” pues constituye una agresión al municipalismo y a la ciudadanía. Y que el trabajo informal no es un tema constitucional.
Alberto Acosta, PAIS
“Los seccionales tienen que generar las condiciones adecuadas para que este grupo pueda cumplir dignamente con el trabajo”.
Leonardo Viteri, PSC
“La medida es centralista y dirigida, pues constituye una agresión al municipalismo y a la ciudadanía”.
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