Está en curso un proyecto de Ley para condonar las deudas por altas tasas del agua. 

En páramos andinos y valles templados adyacentes de doce provincias, en medio de vegetación todavía virgen, húmeda y muy frágil; cuna de importantes ríos, cobró apogeo hace menos de una década el cultivo de la trucha Arco Iris, de una manera individual, sin direccionamiento técnico y como una de las pocas alternativas económicas relacionadas con el  boom  turístico y sustento familiar.      

El primer censo de producción de este pez realizado por el Centro de Investigaciones Acuícolas Papallacta, ahora perteneciente a la Subsecretaría de Acuacultura, detalla que en el 2006 los 213 criaderos reportados en el país ocupaban 58.876 m² en piscinas o estanques; obtuvieron una producción de 982,3 toneladas, aportada el 33% por Pichincha, 19% por Azuay, 10% por Napo, 9% por Tungurahua, 7% por Chimborazo y el resto por Bolívar, Sucumbíos, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Loja e Imbabura. 

El mismo censo revela que de la actividad se ocupan unas 453 personas de las cuales 47 (10%), adujeron tener un conocimiento técnico de manejo.
“Es costoso cultivar trucha. Sin  balanceado no hay desarrollo del pez.
Tenemos 40 mil peces y compramos el millar de alevines sexados a  68 dólares;  sobrevive el 90% y en cinco meses, sacamos animales de 300 gramos que pagan los turistas a $ 0,80 cada uno. Al cliente le prestamos la caña, el cebo y les asistimos para que disfruten en familia de la pesca deportiva. El visitante  lleva la trucha  o se la prepara a la brasa con patacón y ensalada por $ 1 adicional”, narró el microempresario Julio Galarza, de la zona Centro, en Baños (Tungurahua).

Él como otros piscicultores nacionales que han legalizado su producción, se muestra angustiado por las deudas contraídas desde el 2001 por el uso del agua (30.000 dólares), cuando el Consejo Nacional de Recursos Hídricos  determinó como categoría ‘industrial’ a la tasa para los criaderos de peces de agua dulce.

“Es tan absurdo como obligar a los ganaderos a que paguen una tasa industrial a las Agencias de Aguas por los 80 litros que consume cada vaca diariamente”, opinó David García, presidente de la Asociación de Piscicultores Pachacmama de esta zona del país. Catalogó este injustificado cobro como la mayor amenaza que afronta el sector, junto al alza imparable del alimento balanceado y la difusa definición de competencias entre los organismos oficiales que ha creado este Gobierno para descentralizar y desconcentrar la administración pública.

“La piscicultura aún no aparece en la Constitución de Ecuador, recién estamos iniciando con la creación de la Subsecretaría de Acuacultura y el 20% estamos regularizados”, acotó García.