En nuestro Ecuador es usual que  cuando una ley entra en vigencia y trae consigo una penalización económica por su infracción, en el inicio se dé un cambio de actitud y conducta, tanto en los potenciales infractores como en aquellos que deben estar vigilantes al cumplimiento de dicha norma.

Pero, lamentablemente, luego de que transcurre algún tiempo, la ley o el tema pasan de moda y todo el mundo vuelve a actuar como le da la gana, y nadie hace nada por continuar la labor de supervisión y sanción.

En esto cae la Ley de Defensa del Consumidor que prohíbe fumar dentro de lugares públicos, la cual establece una multa de 50 dólares (muy benévola) para el infractor y  el local que permita que se fume dentro de sus instalaciones.

Recuerdo la regulación aprobada en el gobierno del doctor Alfredo Palacio en el año 2006, mediante la cual está prohibido fumar en restaurantes, oficinas públicas, cines, ascensores, aeropuertos, estadios, teatros, auditorios, bancos, supermercados, correos, hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios médicos, predios, aulas y edificaciones educativas (incluso las superiores), centros comerciales y medios de transporte público.

Sin embargo, es común ver en restaurantes, cafeterías, plazoletas de comida, especialmente de centros comerciales, etcétera, a personas fumar indiscriminadamente un cigarrillo tras otro, sin la menor consideración ni siquiera para los niños, las personas mayores y las embarazadas que pudieran estar a su alrededor, debiendo aspirar un ambiente contaminado ante el quemeimportismo de los dueños y los empleados de los locales, así como del personal de seguridad y administración de dichos centros, que no hacen respetar la Ley.

Invito a los supervisores del Ministerio de Salud Pública a realizar auditorías sorpresa a los principales centros comerciales y demás sitios públicos de concentración ciudadana en nuestra ciudad, para que constaten este asunto y tomen medidas al respecto.

Autoridades, a quienes les corresponda, les suplico que hagan cumplir la Ley e inviten a apagar los cigarrillos a los infractores, caso contrario, sanciónenlos; y a los fumadores, recuérdenles que los derechos de ellos terminan donde empiezan los de los demás ciudadanos.

Cinthya Arzube Pulley,
Guayaquil

Hace unos meses vimos publicaciones sobre cientos de jóvenes entre 17 y 19 años que se graduaban de bachilleres en los diferentes colegios de la ciudad y provincia; felicidad que apenas les duró 24 horas; al día siguiente, frustrados en su mayoría, sin dinero para continuar sus estudios superiores y, lo peor, sin trabajo para poder alternarlos.

Está muy bien la preocupación de los Estados en provecho de la salud, alimentación y preparación educativa, pero si  no se han hecho las inversiones necesarias para la creación de fuentes de trabajo, todo se vuelve una burla para los educandos salientes de los planteles.

La Asamblea Constituyente propone la opción de que imberbes de apenas 16 años puedan concurrir en las elecciones a elegir sus mandatarios. ¿Qué pretenden con esto? Como no dan explicación pragmática sobre el insólito, nos dejan la peregrina idea de que sus pretensiones serán reclutar chicos, prepararlos ideológicamente durante cuatro años, y a los 20, convertidos en ciudadanos, tal como también lo anuncian los constituyentes, que puedan elegir o ser elegidos diputados, alcaldes, etcétera. ¿Y la experiencia, que es la madre de la sabiduría y administración, dónde queda?

Vi por televisión los últimos días de Hitler, quien hizo reclutar para su defensa a niños de 12 años. Todo fue inútil. La historia ha señalado su actitud esquizofrénica que nunca más debe repetirse al pretender perennizarse en algún poder.

Clemencia Maldonado de Saavedra,
Guayaquil

El Gobierno lo ha puesto de manifiesto: nuestro sistema educativo es malo. Todo el sistema en sí, incluido el superior. Este último tiene el defecto de no responder a metas de un programa nacional de ciencia y tecnología, sino en muchos casos al mercantilismo de sus mentalizadores.

En el caso de la educación básica son muchas las causas; desde malas remuneraciones hasta malos profesores, falta de infraestructura y contenidos obsoletos. Pocos colegios medianamente logran que sus estudiantes obtengan pensamiento crítico para discernir sobre problemas sociales y económicos. Esto en las grandes ciudades, ya que a nivel rural la meta parece ser saber leer y escribir.

Estas son unas de las causas del descalabro político y social que vivimos, pues aún con 18 años a cuestas, elegimos gobernantes no por tesis, no por soluciones, no por programas propuestos. Lo hacemos por la oferta barata, el discurso ofensivo, incluso por la “pinta”. No veo que se estén implementando políticas para mejorar nuestro nivel cultural. Así, ¿cómo se puede pensar que nuestros jóvenes de 16 años, de la noche a la mañana tengan la responsabilidad grande de votar?

No puedo aceptar que se esté pensando en un mandato constitucional de esta naturaleza y se esté promocionando con dineros del Estado que los “jóvenes quieren votar”. Me resisto a creer que detrás de esto solamente esté el cálculo electoral de cuántos votos jóvenes van a ganar. Si queremos que los jóvenes de 16 años voten, primero tenemos que robustecer nuestro nivel cultural, prepararlos para que sean verdaderos actores de nuestro desarrollo; no basta con decir que tienen derecho a votar.

Leonardo Castillo Manrique,
ingeniero naval, Guayaquil

Wladimir Miguel Pesantes Valverde,
Guayaquil