Tras asegurar que fue inoportuna la suspensión temporal del director nacional de Rehabilitación Social, Máximo Ortega, el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, hizo un llamado urgente a la Asamblea para que expida normas que ayuden a resolver la grave crisis que afronta el sistema penitenciario del país.

Según Jalkh, la suspensión de Ortega no procedía aunque sí era conveniente iniciar un expediente administrativo y una investigación para determinar a los grupos o personas que cometen actos de corrupción en el centro, que enfrenta una situación de crisis por décadas.

Por ser justa y objetiva, esta fue la posición que debió adoptar el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), durante su sesión del pasado miércoles. “Como Ministerio de Justicia pensamos que es hora de que se investigue a denunciantes y denunciados para que haya total transparencia”, dijo.

Una vez que se acogió la propuesta para iniciar un proceso de investigación a las personas que enfrentan denuncias de corrupción, ahora, dijo, se espera un informe sobre lo sucedido. Dicho documento será elaborado y entregado por una comisión conformada por el CNRS, en un plazo de 30 días, dijo.

Jalkh hizo un llamado al CNRS para que mantenga activos los servicios básicos y fundamentales del sistema, a fin de que la crisis no afecte a los internos en las cárceles del país.

Las declaraciones de Jalkh se dieron tras una reunión que mantuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez, donde se informó la creación de nuevos juzgados, tribunales y cortes superiores en catorce provincias, con una inversión de $ 23 millones.