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Gases y forcejeos en la DNRS antes de posesión de director |
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| QUITO. En la Dirección Nacional de Rehabilitación Social hubo enfrentamientos ayer. | | |
| Mayo 09, 2008
QUITO
Enfrentamientos entre la policía y empleados que apoyan al director que fue suspendido.
La decisión del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) de suspender por un periodo de treinta días al director nacional, Máximo Ortega, alteró los ánimos de un sector de trabajadores penitenciarios.
Ayer, en medio de forcejeos con elementos de la policía y gases lacrimógenos, el grupo de empleados impedía que el secretario de la Defensoría del Pueblo, Romeo Silva, quien había sido designado como reemplazo provisional, se posesionara como director encargado. Así lo había dispuesto el Consejo en reunión del miércoles pasado.
Desde las 08:30 los funcionarios cerraron las puertas del edificio matriz de la Dirección, para impedir el ingreso de la policía. Entre empujones, los efectivos del comando del orden público de la institución intentaban ingresar para resguardar el edificio. En el forcejeo lanzaron gases y golpes contra varios empleados.
Hacia las 09:30 llegó el nuevo director encargado para conversar con los trabajadores y exponerles las decisiones tomadas por el Consejo. Buscó calmar los ánimos, pero no lo logró. “No vengo a nombre de ningún bando, quiero trabajar por el sistema del que fui parte siete años, ustedes me conocen, no necesito amigos míos en el sistema, necesito la mejor gente en la planta central”, dijo.
Mientras hablaba, los empleados gritaban “por qué el Consejo no inició sumarios en contra de los corruptos y solo abrió un expediente a Máximo Ortega”, pero el funcionario guardó silencio y añadió que pudo cumplir con un encargo.
Hacia el mediodía, Silva se posesionó de la oficina una vez que se rompieron los candados de una de las puertas de la entidad, con una orden de allanamiento dispuesta por un juez y el fiscal de Pichincha. Por la tarde, visitó a los internos del penal García Moreno para solicitarles apoyo a su gestión.
El fiscal de Pichincha, Marco Freire, quien presidió esta diligencia, explicó que venían en son de paz para que ambos bandos dialogaran y el director tuviera el tiempo para preparar su defensa ante las irregularidades que se le imputan, como la contratación de 70 personas para laborar en la entidad.
Sobre la red de funcionarios que cobra por cargos en la institución, el fiscal anticipó que los casos se agilizarán, y pidió a los denunciantes que continúen con las causas hasta el final y no las retiren a mitad de la investigación. Además, anunció que pedirá información más detallada para saber qué ha pasado con las denuncias que se presentaron en el 2005 ante la fiscal Cecilia Armas.
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