Inversión pública se alentará para implementar modelo económico aprobado por la Asamblea. 

Los once artículos aprobados por la Constituyente sobre los principios y la planificación del desarrollo afianzan un conjunto de políticas económicas que ya aplica el actual régimen, y que apuntan a instaurar el modelo de economía social y solidaria, según los ministros que se reunieron ayer con la mesa 7 de Régimen de Desarrollo.

El nuevo sistema involucra mayor participación del Estado como ente regulador de la economía. Incluso, algunos  proyectos sociales que se ejecutan, como Hilando el Desarrollo, abarcan prácticas para devolverle al Estado un papel dinámico en el sector.

El ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, dijo ayer que uno de los ejes del desarrollo será el impulso de la inversión pública en sectores estratégicos como petróleo, electricidad y el financiamiento de proyectos viales.

Y resaltó que la inyección de capitales públicos abarca la inclusión del sector privado con la contratación de empresas que ejecuten proyectos. Bajo ese panorama, el Gobierno aspira a que la economía crezca hasta el 4%  este año.

Las cifras fueron cuestionadas por la oposición, quienes concuerdan en que el nuevo modelo alienta el centralismo y merma las posibilidades de generar un desarrollo impulsado por el sector privado.

César Rohón (PSC) dijo a los funcionarios que hay recesión por el desempleo.

Betty Tola (PAIS) cree que el gobierno de Rafael Correa marcó un precedente con respecto a sus antecesores, “quienes sistemáticamente alentaron una política de desinversión pública para trasladar esos recursos al sector privado”.

La ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Nathaly Celi, explicó que para afianzar ese modelo, el Estado asume roles como el de aplicar políticas de protección social dirigidas  (bono solidario), generar capacitación y alentar la asociatividad. “Ante las desigualdades que genera el mercado, el Estado tiene un rol activo en la creación de oportunidades (...) que requiere un mayor gasto”.

Roberto Ponce (Prian) criticó la ausencia del sector empresarial dentro de esas políticas, y considera peligroso sustentar el desarrollo en función de las inversiones públicas.

Tras la aprobación de la nueva Constitución se impulsarán leyes para las áreas de salud, educación, cooperativas y protección social. La idea es crear superintendencias que controlen la aplicación de políticas y garantizar la universalidad.

El acceso de artesanos y microempresarios al sistema de compras públicas es otra forma para que el Estado asuma un rol económico más dinámico. El Gobierno inyectará en el sector artesanal unos $ 30 millones para la confección de uniformes que serán entregados a más de un millón de niños que estudian en escuelas de las zonas rurales el próximo año.

El ministro coordinador de la política económica, Pedro Páez, recalcó que se creará una nueva estructura financiera con el fortalecimiento de la banca pública (Banco de Fomento, Corporación Financiera) como otro elemento de la política económica.

FONDOS: Asignaciones

$ 800
Millones. El Ministerio de Economía asignará esa cantidad al de Transporte y Obras Públicas durante este año para la ejecución de proyectos.

$ 2.000
Millones. Otros fondos públicos se inyectarán para reactivar al sector productivo.