Jueves 08 de mayo del 2008 Política

Asamblea aprobó autonomía de la justicia indígena, constitucional y la electoral

MONTECRISTI, Manabí

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MONTECRISTI, MANABÍ. El pleno de ayer discutió diez artículos sobre la Función Jurisdiccional.

La justicia ordinaria deberá acoger y juzgar los casos que involucren a policías y militares cuando se aplique el artículo que habla de la unidad jurisdiccional, que fue aprobado ayer con 99 votos en el pleno, junto a otros nueve articulados sobre los principios de la Función Judicial.

Previamente, este principio  fue modificado por una mayoría  de la mesa 8 de Justicia, para permitir la coexistencia de otros órganos que  administren la justicia indígena, constitucional y electoral que PAIS establecerá en la carta magna.

El cambio se dio tras críticas de la oposición referentes a que la unidad jurisdiccional solo quedaba en enunciado, debido a que  PAIS aprobó la creación de un Tribunal Contencioso Electoral como un ente autónomo de la  Función Electoral, que se encargará de juzgar los delitos electorales.

“No puede existir unidad jurisdiccional cuando  se crean órganos que no son parte de la Función Jurisdiccional (como pretendieron llamarle, pero a última hora reemplazaron el nombre con Judicial) y que se encargan de administrar justicia”, dijo  César Rohón (PSC).

Pero el asambleísta Mauro Andino (PAIS) justificó la inclusión del principio de la unidad jurisdiccional, puesto que se limitó su margen de acción al reconocer otras “potestades jurisdiccionales”.

Los principios de la gratuidad total y oralidad del sistema judicial fueron otros de los conceptos aprobados ayer.

El bloque de PAIS hizo un cambio a última hora, al eliminar la parte del enunciado que establecía excepciones en procesos de materia tributaria, mercantiles y civiles.

Luego de aprobar este nuevo paquete de reformas, el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, suspendió la sesión, con lo que quedó pendiente la aprobación del mandato 09 que autoriza al Fondo de Solidaridad utilizar los recursos disponibles para reinversiones en las empresas eléctricas y de telecomunicaciones a su cargo.

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