Comisión especial fiscalizará la DNRS para determinar las corrupciones que se están denunciando.
El presidente del Comité de Internos el penal García Moreno, Gean Carlos Aragundi, denunció ayer que la corrupción impera por décadas en todos los centros de rehabilitación social que funcionan en el Ecuador; y corroboró los casos que antes habían sido revelados por el Director Nacional, Máximo Ortega, quien está suspendido.
“Son grupos de mafias internas, de funcionarios que juegan con las prelibertades y también con las rebajas de los internos. Eso no es un beneficio o un derecho, sino el que tiene dinero sale de la cárcel porque puede comprar su rebaja o la prelibertad, esas son las mafias que aquí existen”, manifestó Aragundi.
Un detenido, que desea mantener en reserva su nombre, aseguró también que “los internos deben pagar fuertes sumas de dinero si desean acogerse a las prelibertades (que se deben otorgar con las dos quintas partes de la sentencia). Les cuesta hasta 1.000 dólares. Aunque el monto depende del tipo de interno. Si fue detenido por un caso sonado le piden esas sumas, a los otros les cobran entre 200 y 500 dólares a ciertos departamentos jurídicos”, dijo.
“A los presos nos sacan dinero por cualquier oficio que hacemos, como certificados de conducta que cuestan entre cinco y diez dólares, si no les pagan no hay trámite en el caso. Aquí nos extorsionan para que en el Departamento de Diagnóstico aparezcan los postulantes a la prelibertad con buena o mala conducta”, narra sin tapujo.
El caso de la emisión de boletas de libertad, cuyo trámite dura unos 30 minutos, toma varios días a los usuarios porque deben entregar dinero para que los funcionarios de los centros legalicen la excarcelación.
Este Diario publicó en diciembre pasado las denuncias del entonces ex director de Seguridad y Vigilancia, Héctor Estrella, quien detectó 25 anomalías en esta entidad.
Entre las que denunció, consta que no existe un sistema de control de bienes, mobiliario, armamento, munición, equipos de seguridad, comunicaciones. Detectó un faltante de 228 equipos adquiridos por la Dirección de Rehabilitación para los guías, que no apareció.
Las denuncias sobre estas y otras irregularidades fueron presentadas por funcionarios, ex directores de rehabilitación social desde el 2006 ante la entonces ministra fiscal, Cecilia Armas; sin embargo, desde entonces no ha habido resultados de esas investigaciones.
SOLICITUD
Ayer, la asambleísta Amanda Arboleda anunció que la mesa de legislación de la Asamblea de Montecristi integrará una comisión que fiscalizará a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). La integrará el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, quien determinará qué ocurrió con los procesos penales y sumarios administrativos que se realizaron en contra de funcionarios de la entidad penitenciaria y dónde se trabaron o por qué no continuaron esos juicios.
SUSPENSIÓN: Director de la DNRS
Resoluciones
El CNRS decidió suspender 30 días a Máximo Ortega, Director de Rehabilitación, por presuntas irregularidades. Al cargo irá Romeo Silva, secretario de la Defensoría.
Además, remitirá a la Fiscalía las denuncias que Ortega realiza contra funcionarios para determinar si ameritan juicios penales; y también las que pesan sobre el director.
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