El proyecto de mandato presentado por César Rodríguez (PAIS) dispone a los magistrados que integren provisionalmente la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura que ordenen una auditoría nacional del funcionamiento de las cortes superiores de justicia, juzgados de primer nivel, notarías y registros de la propiedad.

Asimismo, deja sin efecto los procesos de selección y designación de funcionarios judiciales hasta que la nueva Constitución establezca los mecanismos definitivos de integración de la Función Judicial.

Y revoca las posesiones de magistrados ya efectuadas semanas anteriores.

El mandato, que consta de ocho artículos y una disposición general, dispone que todos los jueces tramiten y resuelvan los procesos en el orden cronológico en el que lleguen, salvo en casos de urgencias, como medidas cautelares, órdenes de arraigo o allanamientos. Si no cumplen, serán multados con $ 500 o destituidos.

En la disposición general se ordena el resorteo de todos los juicios relacionados con delitos cometidos por banqueros y que se refieran a peculado, peculado bancario o abuso de fondos públicos. La idea es que estos sean asumidos por magistrados titulares.