Tras las denuncias del presidente Rafael Correa de supuestos actos de corrupción en entidades de control, la Contraloría General prescindió de los servicios de Humberto Aguilar, subprocurador del Estado.

Aguilar, considerado un hombre cercano del ex procurador, Xavier Garaicoa, también es parte de una investigación que realiza la Fiscalía para identificar a los funcionarios de la Procuraduría y Contraloría que supuestamente pidieron coimas para la aprobación de informes de contratación pública, en materia petrolera.

Hace dos semanas el Jefe de Estado sugirió investigar a los mandos medios de las dos entidades de control por presunto enriquecimiento ilícito.

A Aguilar se le revocó el contrato que tenía en la Contraloría y se dejó sin efecto la comisión de servicios que tenía en la Procuraduría por pedido del ex procurador Garaicoa.

Según el contralor Carlos Pólit, Aguilar fue separado de la institución entre el 22 y 24 de abril. “Ya no lo necesitaba, así de sencillo”, dijo Pólit.

Tras las denuncias de Correa, una empresa petrolera (que no se conoce su nombre por estar en indagación) planteó una denuncia en la Fiscalía argumentando que intentaron coimarle para emitir un informe favorable para la firma del contrato de explotación petrolera del campo marginal Armadillo en la Amazonía.

Dentro de la indagación, la Fiscalía incluyó a servidores que formaban parte del área de Contratación Especial de la Procuraduría. Uno de ellos, Napoleón Egas Guillén, cuestionó que lo incluyeran en el examen ya que antes de dictar esos informes el departamento fue desmantelado.

Ello ocurrió el 31 de enero del 2008, fecha en la que le retiraron el encargo de subdirector de la unidad. Igual situación ocurrió con el director encargado, Pedro Crespo.

La reorganización, dijo Guillén, llegó sin explicaciones y por disposición de las autoridades de la Procuraduría. En ese momento, sostuvo, a los funcionarios de carrera que pertenecían a ese organismo se les ordenó traslados.

El informe desfavorable, agregó, fue suscrito en última instancia por Aguilar, como subprocurador, y fue elaborado por el director nacional de contratación especial, Publio Dávila, así como por el subdirector, Fernando Proaño.