Crisis en Dirección Nacional de Rehabilitación  por la posible destitución de Máximo Ortega.

A través de un comunicado de prensa el fiscal general, Washington Pesántez, informó que por unanimidad en la reunión del pasado martes se decidió solicitar la renuncia al director nacional de Rehabilitación Social, Máximo Ortega.

Basan este pedido en la opinión de cierto sector de trabajadores penitenciarios que aseguró que Ortega, durante los cerca de diez meses de gestión, ha sido “ineficiente”.

En esa cita,  el funcionario se habría comprometido a presentar su dimisión en los próximos días. De no hacerlo, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) iniciará un sumario administrativo, explica además el comunicado.

Ortega, en conferencia de prensa realizada ayer, afirmó que no existe  causal para su destitución e insistió en que no renunciará al cargo. “No voy a renunciar porque no hay razón, si ellos tienen argumentos que me destituyan... mi cargo es para cuatro años, de aquí me sacan muerto”.

El funcionario agregó que lo intentan destituir por  dejar al descubierto una red de corrupción al interior de la entidad en la que se acusa a dirigentes y empleados de ofrecer cargos por altas sumas de dinero.

“El fiscal (Pesántez) no me apoya en la lucha contra la corrupción,  se ha dedicado a acosarme y a presionarme para que renuncie al cargo de director”, dijo,  además aseveró que “él (el Fiscal) no me apoya porque combato la corrupción, por eso me quieren sacar del puesto y a los corruptos lo quieren mantener en la Dirección”.

Agregó que detrás de su pedido de renuncia está la Federación de Trabajadores Penitenciarios “que son los amigos del Fiscal y que han sido inculpados en una serie de actos de corrupción, hay videos y denuncias contra ellos” y las investigaciones no se inician.

Una de esas denuncias apunta al presidente de los guías penitenciarios, Patricio Portilla. Adriana R. acusó a ese funcionario de haberle ofrecido un puesto de guía en un centro de rehabilitación social previo al pago de 1.500 dólares.

El presidente de la Federación de Trabajadores Penitenciarios, Patricio Morales, acusó al Director de Rehabilitación Social de “calumniador por las denuncias que mancillan el honor de la institución, se ha dedicado a contar cuentos”.

Cree que él (Ortega) genera inestabilidad al sistema porque en menos de diez meses ha tenido a seis personas diferentes en  presupuestos; a cuatro directores financieros; tres jefes de personal y ha creado 367 nombramientos provisionales que al cumplir más de seis meses se convirtieron en regulares, después de eso sin sustento legal fueron separados 26 de esos elementos de la DNRS.

Sobre las denuncias  anticipó que desde ahora impulsará una investigación en contra de funcionarios que habrían cometido actos de corrupción para que se lleguen hasta las últimas consecuencias y sean sancionados por incurrir en esas faltas.

Protesta
Con carteles, ayer las asociaciones de empleados de Pichincha, Los Ríos y otras  apoyaron al director nacional de Rehabilitación Social, Máximo Ortega.

Acusaciones
El Consejo Nacional impidió que el director nacional de Rehabilitación Social presente las denuncias en la Secretaría Anticorrupción, de acuerdo con la denuncia de Ortega.

Pedido
El Director de Prisiones pidió a la Asamblea Nacional Constituyente que  integre una comisión especial para que investigue todas las irregularidades que se han hecho públicas en la DNRS.